Panamá. AFP. La oposición panameña reaccionó hoy contra un conjunto de reformas electorales aprobadas por el Congreso y sancionadas por el presidente Ricardo Martinelli , por considerarlas “inconstitucionales” y riesgosas para la democracia.
Esta ley “es un golpe a la democracia”, dijo el opositor socialdemócrata Juan Carlos Navarro, quien llamó a la unidad nacional “para que se defienda la democracia y se garantice que para 2014 todos los panameños votemos en completa libertad y se cuente y se respete hasta el último voto”.
Navarro, secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aseguró que su agrupación “tiene que demandar” la inconstitucionalidad de una ley “nefasta que ha impuesto a sangre y fuego cambios al código electoral que son sumamente nocivos”.
Martinelli sancionó el lunes la ley aprobada el viernes con apoyo del oficialismo en el Congreso y que modifica el código electoral para las elecciones de 2014.
“Vi esa ley de cabo a rabo como se dice y no encontré nada que no mejore la democracia panameña”, defendió Martinelli.
“No hay nada más justo que los independientes puedan aspirar a un puesto de elección popular, que las mujeres tengan una paridad, y es por eso que la sancioné. Estoy seguro de que esta ley va a mejorar y profundizar nuestra democracia”, argumentó el mandatario.
El Tribunal Electoral de Panamá había pedido el mismo viernes a Martinelli que no sancionara las reformas. “El Tribunal Electoral la considera totalmente inconstitucional, es un problema, esto es algo serio”, advirtió hoy el presidente del Tribunal, Gerardo Solís.
Por su parte, Manuel Bermúdez, aspirante presidencial por el PRD, presentó hoy una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.
El vicepresidente panameño y rival político de Martinelli, Juan Carlos Varela, denunció lo que considera un intento del mandatario de “manipular” los próximos comicios.
“Es el inicio del intento del presidente Martinelli de manipular el resultado de las elecciones de 2014”, aseveró Varela, máximo dirigente del opositor Partido Panameñista.
Los detractores sostienen que la ley no pone tope de dinero a las campañas electorales y dificulta conocer a los donantes, por lo que temen que el oficialismo utilice recursos del Estado de cara a las elecciones.
No obstante, ningún artículo de las reformas legitima la reelección presidencial, prohibida en Panamá.