La ola de asesinatos de periodistas en México dio un nuevo giro ayer con el homicidio de Miguel Ángel López Velasco, su esposa y su hijo en un país donde el crimen organizado no solo agrede a la prensa: la controla.
El asesinato de los familiares de los periodistas no ha sido la práctica común en el país, según fuentes consultadas.
López Velasco, de 55 años, trabajaba para el diario Notiver, uno de los más influyentes del estado de Veracruz donde era conocido por sus columnas sobre política con referencias a la violencia y el narcotráfico.
Hombres armados entraron ayer en su casa en el municipio de Veracruz, acribillaron al comunicador, a su esposa, Agustina Solano, y al hijo de ambos, Misael López Solano, de 21 años.
Con este crimen van cinco los trabajadores ligados a prensa asesinados este año. El 2 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México señaló que entre el año 2000 y el 2011 suman 68 los homicidios de periodistas en México y 13 los desaparecidos.
De los asesinatos, 41 han muerto en el gobierno del presidente Felipe Calderón quien al asumir el mando en diciembre del 2006, lanzó una campaña militar contra los carteles de la droga que ha dejado más de 40.000 muertos.
Este mes, un informe presentado en Ginebra del relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión calificó a México como el país de América más peligroso para el ejercicio del periodismo.
“Un efecto muy fuerte es el silencio causado por el miedo en vastas zonas del país. En muchas ciudades estos grupos controlan la prensa con intimidación y violencia”, lamentó ayer Carlos Lauría, coordinador del programa para América del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organismo con sede Washington.
Lauría comentó que, en setiembre del 2010, miembros del CPJ y la Sociedad Interamericana de Prensa, se reunieron con el presidente Felipe Calderón, quien se comprometió a proteger los derechos de los periodistas. No obstante, ocho meses después la presidencia sigue sin darle prioridad al tema.
“Obviamente, este es un problema mayor que afecta a los mexicanos pero matar periodistas es un daño directo a la democracia porque ya no se pueden debatir temas de interés público o hacer investigaciones. Estos asesinatos, lesionan la democracia porque la prensa se silencia”, enfatizó ayer Lauría vía telefónica desde EE. UU.
Sin embargo, la intimidación y violencia son solo una parte de las crisis de los medios de prensa.
Indefensos. En amplias zonas del país como los estados de Tamaulipas y Michoacán, Ciudad Juárez (Chihuahua) y otros, el crimen organizado utiliza medios de prensa para desacreditar a sus rivales, defenderse de acusaciones del Gobierno e influir en la opinión pública señala una investigación del CPJ publicada en setiembre.
Ignacio Rodríguez Reyna, directo de la revista Emeequis, denunció que todos los asesinatos en la historia reciente siguen impunes y ello “es un incentivo para los grupos del crimen organizado para seguir atentando”.
La investigación de CPJ señala que, fuera de quienes fueron asesinados, decenas de periodistas han sido blanco de palizas, secuestros o forzados al exilio por publicar sobre crímenes o corrupción.
CPJ insiste en que el problema se agrava por una “generalizada corrupción en las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el sistema político, especialmente a nivel de los estados”.
En Reynosa (Tamaulipas), por ejemplo, el estudio indica que el control de los narcotraficantes es tan extenso que los policías, taxistas y vendedores ambulantes son sus espías en la calle y, en el caso de la prensa, la controlan con intimidación, soborno y violencia.