Montevideo. AFP. Los 358 presos que murieron en sus celdas por las llamas o asfixiados por el humo en la Granja Penal de Comayagua en Honduras, son el reflejo más cruel de la tragedia que viven los reos en las cárceles de América Latina.
El crimen organizado en toda la región ha llenado las cárceles en las últimas tres décadas, con la sobrepolación y las agresiones diarias como su estandarte.
Así se desprende del estudio La cárcel: problemas y desafíos para las Américas, de las chilenas Lucía Dammert y Liza Zúñiga.
Las analistas apuntan a la falta de personal y a su escasa calificación para hacerse cargo de los reos o tener capacidad de reacción cuando se desata la tragedia.
Según su criterio, la corrupción permite que los guardianes dejen entrar a las prisiones armas y teléfonos móviles. Así, el crimen organizado se encuentra permanentemente conectado con el exterior, donde continúan sus actividades.
“Los Gobiernos, en el fondo, lo que hacen es asegurar que los delincuentes no estén afuera, pero no se preocupan de lo que sucede adentro”, explica Dammert.
“Las cárceles se han convertido en verdaderas universidades del delito”, afirma la investigadora.
Honduras, en particular, tiene la marca mundial en tasa de homicidios, 82 por cada 100.000 habitantes, según la ONU. Son al menos 20 asesinatos por día.
Este país, convertido en ruta privilegiada para el trasiego de cocaína suramericana hacia Estados Unidos, y asolado por las maras (pandillas), posee 24 instalaciones penitenciarias con capacidad para albergar a 8.000 personas; sin embargo, la población carcelaria sobrepasa las 13.000.
“La crisis de Honduras es estructural. La cárcel es una muestra de la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema”, afirma Dammert, quien es socióloga.
Situación reincidente. Los reos del resto de Latinoamérica viven en condiciones muy similares.
En El Salvador, conforme a registros de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), a enero de este año había un total de 25.400 reos, cuando los 19 centros penales del país fueron creados solo para albergar apenas a 8.100.
Guatemala presenta gran similitud con el caso de Honduras, según afirma Carmen Ibarra del grupo Movimiento Pro Justicia. “Las situaciones son tan precarias que cualquier cosa puede pasar”, señaló la activista.
Ibarra asegura que unas 1.500 personas están detenidas en las prisiones guatemaltecas, pese a que ya cumplieron su condena.
En Venezuela, las cárceles contienen a 50.000 reclusos, cuando su capacidad es de 14.000, según datos del Gobierno; mientras que las prisiones de Chile registran sobrepoblaciones de 50%, 70% y hasta 200%, según datos del Gobierno recabados en el 2010.
En Brasil, el sistema penitenciario vive también el omnipresente problema del hacinamiento y el de la falta de inversión, que fomenta la presencia de organizaciones criminales que imponen su ley en prisiones deterioradas, insalubres y con administraciones corruptas.
Los medios de información de México denuncian con frecuencia que la corrupción del país hace que los líderes de carteles se conviertan en los dueños de las cárceles (Ver nota en la página 36).
Por estas situaciones, en su trabajo Dammert aboga por soluciones alternativas a la encarcelación, como la libertad vigilada para autores de delitos menos graves, trabajos comunitarios y brazaletes electrónicos, entre las opciones.
Si no –advierte–, los delincuentes corren el riesgo de salir de prisión siendo más profesionales que cuando entraron.