Madrid. AFP. El Tribunal Constitucional español decidió legalizar el partido radical independentista vasco Sortu, creado el año pasado por Batasuna –ex brazo político de la organización armada ETA, ilegal desde 2003–, se informó ayer.
Por cinco votos en contra y seis a favor, el Tribunal Constitucional revocó una decisión del Tribunal Supremo español que en marzo del 2011 denegó la inscripción de Sortu como partido político, al alegar indicios de que ETA lo estaba usando para entrar en las instituciones.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ocultó el malestar del Gobierno por esta decisión.
“Discrepamos del contenido del fallo”, afirmó. “A mí me hubiese gustado que la decisión del Tribunal Constitucional mantuviese la decisión del Tribunal Supremo y que, por lo tanto, Sortu siguiera siendo ilegal”, agregó.
Para sortear la ilegalización de Sortu, la llamada “izquierda abertzale” (radical) había formado, junto a otros dos partidos –Eusko Alkartasuna y Alternatiba–, la coalición independentista Bildu que sorprendió en las elecciones municipales vascas de mayo del 2011, logrando el 25% de los votos y numerosos ayuntamientos, entre ellos el de San Sebastián.
Posteriormente se sumó a ellos Aralar –antigua escisión no violenta de Batasuna– para formar una nueva coalición, Amaiur, que obtuvo siete diputados en las elecciones legislativas españolas de noviembre, devolviendo a los independentistas vascos al Parlamento de Madrid tras 15 años de ausencia.
Presencia en las urnas. La legalización de Sortu implica que los exmiembros de Batasuna –ilegalizada en el 2003– se podrán presentar con su partido propio a las próximas elecciones regionales vascas, previstas para el 2013.
Sortu (que significa “nacer”, “crear” o “surgir” en vasco) fue creado en febrero de 2011 por exdirigentes de Batasuna después de haber rechazado por primera vez la violencia de ETA.
Presionada por su brazo político, ETA (Patria Vasca y Libertad), responsable de 829 muertes en más de 40 años de atentados por la independencia del País Vasco, anunció el 20 de octubre el “cese definitivo de su actividad armada”.
Empero, la agrupación no se ha disuelto ni entregado las armas, lo que le exige el Gobierno español, opuesto a toda negociación.