Jesrusalén. EFE. El Gobierno israelí anunció ayer la confiscación de impuestos que ellos ayudaban a recaudar a los palestinos en represalia al reconocimiento como Estado observador que hizo la ONU a Palestina, tras la aprobación el viernes de 3.000 viviendas en colonias judías.
En total, Israel retendrá a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) $120,5 millones y transferirá la partida para pagar parte de la deuda que el Gobierno palestino tiene con la empresa de electricidad israelí.
“No pienso transferir el dinero este mes, lo utilizaré para pagar las deudas que la ANP ha contraído con la empresa de electricidad (de Israel)”, anunció ayer el ministro israelí de Finanzas, Yuval Steinitz.
Ácida medida. La decisión de Israel es una medida unilateral en línea con las amenazas que habían vertido funcionarios israelíes si seguía adelante la campaña palestina en busca de reconocimiento internacional en la ONU, iniciativa que Israel considera que vulnera los Acuerdos de París.
Mediante dichos acuerdos, de 1995, la Hacienda israelí recauda todos los meses las tasas y aranceles aduaneros de los productos que entran al territorio palestino bajo su control, así como de operarios palestinos que trabajan en Israel.
La suma representa más de la mitad del exiguo presupuesto con que cuenta el Gobierno palestino, el cual en el último año ha sufrido una severa crisis de liquidez.
Fuentes diplomáticas israelíes explicaron que el Ministerio de Finanzas manifestó que, tras la votación en la ONU, no existe razón para dejar sin cobro la cuenta de luz.
Israel ha congelado en el pasado las transferencias de los fondos palestinos en respuesta a disensiones políticas, lo cual le ha valido duras críticas en el campo internacional.
La sanción económica se suma al anuncio el viernes por Israel de que construirá 3.000 nuevas viviendas en asentamientos de Jerusalén Este y Cisjordania, en un área conocida como E1 que bloquea la continuidad territorial del futuro estado de Palestina, medida que ha sido censurada por los palestinos y especialmente por Washington.
Además, el gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó oficialmente el contenido, las consecuencias y las interpretaciones que se desprendan del texto de la resolución 67/191 de la Asamblea General, aprobada el jueves.