En diciembre del 2009, Sandra Díaz agarró sus maletas y se fue de vacaciones a Estados Unidos junto a su esposo y sus tres hijos. Su hermana y el esposo también se sumaron al periplo.

En el aeropuerto La Guardia, en Nueva York, los esperaba una familia amiga, unos antiguos vecinos de Poás de Aserrí, quienes los iban a hospedar en su casa en el distrito de Bound Brook, en Nueva Jersey.

La idea original era pasar Navidad y Año Nueva allá y luego regresar al país. Así lo hicieron su hermana y el esposo.

Sin embargo, Díaz y su familia variaron el plan, decidieron no regresar y ya suman nueve años en tierras estadounidenses.

Todo cambió cuando sus amigos le dijeron que se quedaran trabajando allá, e incluso le ofrecieron a ella la posibilidad de entrar como mucama al campo de golf donde ellos ya laboraban. Un club privado en Bedminster, Nueva Jersey, cuyo dueño es el actual presidente de EE. UU., Donald Trump.

El solo tener visa de turista, sin permiso para trabajar, no fue un impedimento. En ese exclusivo club, ella cuenta que le trajeron un formulario para aplicar al puesto, entregó dos fotos y con la ayuda de algunos trabajadores, en un corto plazo, obtuvo los documentos falsos que le permitieron ingresar a trabajar allí.

“Venimos de visita a Nueva York y no nos devolvimos. Dejamos a cargo a mi hermana de todo lo que era mi casa (en Poás de Aserrí), de vender las cosas, o bueno, la mayoría pasó donde mi mamá y rentamos la casa”, relató Díaz en una entrevista telefónica con La Nación.

En el Club en Bedminster, Díaz laboró por casi cuatro años, mientras su esposo consiguió trabajo en otro lugar. Con el paso de los años, sus dos hijas se casaron con ciudadanos estadounidenses, una de ellas estudia fisioterapia, y su hijo menor está en décimo año de colegio.

Ella trabajó allí, con una condición migratoria ilegal, desde marzo del 2010 hasta noviembre del 2013. Inició como mucama y después fue ascendida de puesto y se le encomendó la limpieza de algunas residencias privadas, incluyendo la de Trump y su hija Ivanka. Al tiempo que le tocó entrenar al personal nuevo.

“Yo tenía que limpiar todo lo que se refería a la casa de él, todo lo que era personal de él, desde lavar su ropa, aplancharla, acomodarla y hasta cuidar sus zapatos de jugar golf. Todo lo de esa casa y lo de la hija”, declaró Díaz.

Fue en su labor como instructora, según contó, donde vio cómo agredían a sus compañeras de trabajo, la mayoría de ellas migrantes ilegales latinoamericanas.

Esa fue la razón que la hizo renunciar hace cinco años, aunque en buenos términos. Después fue contratada como doméstica en la casa de un miembro del club. Trabajo que actualmente ostenta.

“Mis problemas empiezan por comenzar a defender a las otras compañeras (...). Vienen muchas mujeres de otros países y ellas son muy maltratadas cuando llegan. Yo empiezo a estudiar, empiezo a aprender un poquito de inglés, a defenderme un poquito más”.

"Una vez tuve que estar en medio de la supervisora y una muchacha salvadoreña a quien ella agredió muy fuerte. Tuve que estar en medio de las dos y ella intentó jalar del pelo a la muchacha. Eso fue uno de los últimos incidentes para que yo decidiera abandonar el trabajo”, narró Díaz.

Ayuda para una amiga

Durante cinco años ella mantuvo guardadas esas historias y decidió contarlas hasta hace pocos meses, cuando habló con su amiga guatemalteca, Victorina Morales, quien seguía trabajando como mucama en el club.

En un encuentro fortuito, en un centro comercial de Nueva Jersey, su amiga le contó que el abuso hacia los trabajadores aumentó después de la elección de Trump como presidente. Fue poco después de ese encuentro que ella decidió hablar.

Las dos centroamericanas hablaron sobre su trabajo en el club de Trump y su situación migratoria irregular al periódico The New York Times, en un reportaje que se publicó el pasado 6 de diciembre.

Después de esa publicación, la historia fue replicada por otros canales en Estados Unidos como Univisión, NBC y CNN. E incluso, fueron entrevistadas por medios de Francia y España.

La historia de ellas tomó notoriedad porque el tema de los migrantes sin papeles es la piedra angular de la administración de Trump, quien impulsa la construcción de un muro en la frontera con México. Él se jactaba de haber utilizado un sistema de verificación electrónica, E-Verify, para garantizar que en su empresa solo se contrataba a personas con estatus migratorio legal, durante la pasada campaña electoral.

“Yo soy testigo de los abusos contra ella (Victorina Morales), y de muchas otras compañeras (...). Por cuidar mi estatus no puedo darme la vuelta y seguirla viendo sufrir. Ese es mi principal mensaje a todos los que ya tenemos estatus y sabemos que estas cosas están pasando: si alguien nos piden ayuda, tenemos que ayudarlos.

“Esa mujer fue la fuerza que a mí me movió para salir a la luz, a decir qué es cierto, y qué pasó antes, porque yo soy el pasado, y ella es el presente, y no han parado”, dijo Díaz, de 46 años.

En 2016, la nacional obtuvo la residencia en EE. UU., luego de que una de sus hijas obtuviera la nacionalidad, tras su matrimonio con un estadounidense.

“Ahora todos estamos legales, pero un día todos estuvimos ilegales y por eso hay que extender la mano”, contó Díaz, quien prefiere no revelar el nombre de su esposo e hijos para respetar su privacidad.

Ayuda legal. Ella acudió al abogado Aníbal Romero, quien ayudaba a su familia con otros temas migratorios, para que le ayudara a revelar lo que estaba pasando.

Según Romero, algunos encargados del campo de golf ya tenían un mecanismo y contactos para conseguirle documentos falsos a los migrantes y poderlos contratar. Esa táctica, añadió, les permitía tener a esas personas en completo silencio, sin revelar los abusos.

El caso de Morales es más delicado, ya que ella todavía trabajaba allí cuando se publicó el reportaje y sigue sin legalizar su condición migratoria, aunque ya inició el proceso para pedir asilo. También hay otros trabajadores indocumentados que siguen en el club, incluyendo otros costarricenses, quienes están asustados y las han criticado por su revelación, dice Díaz.

“He recibido muchísimo apoyo de otros países, he recibido de muchos americanos mucho apoyo, pero de mis paisanos han sido muy, muy duras la críticas. Ellos ahorita no lo entienden, he recibido hasta amenazas. Pero yo estoy aquí para decir la verdad, no estoy aquí para denunciar a ninguno de ellos, estoy aquí para pedirles que por favor, salgan, y que ellos hablen.

“Estoy tratando de defender los derechos de una persona a la que han tratado de pisotear, y no me arrepiento, porque eso me enseñaron en mi país (...). Estoy muy orgullosa de que sea un tica la que se atrevió a hacerlo y la que se atrevió a hablar, y soy muy orgullosa de llevar la bandera del país en este momento”, aseguró la costarricense.

Abogado de tica: ‘Los documentos falsos se los consiguieron adentro'

Aníbal Romero, un abogado migratorio de Nueva Jersey, representa a las dos mujeres que denunciaron las irregularidades en el campo de golf del presidente Donald Trump.

– ¿Qué le aconsejó cuando ella decide que quiere hacer pública su denuncia?

– Ella fue la que me dijo que quería contar en algún momento su historia y que nadie le había puesto atención. Yo le dije que como abogado yo la podía ayudar, pero que teníamos que tener mucho cuidado y estar seguros primero de que todo fuera verdad, y segundo, de que podíamos denunciar algo que realmente las autoridades podrían investigar, y no simplemente hablar por hablar.

– ¿Cuáles serían las consecuencias de que ellas usaran papeles falsos?

– Los documentos falsos se los consiguieron adentro. Existía ya un patrón de conducta en el campo de golf, donde traían trabajadores y les conseguían sus documentos. En el caso de Victorina, a ella le tomaron la foto adentro del campo de golf y la llevó una persona que es encargada de recoger en auto a los trabajadores a sus casas y de traerlos.

"La llevaron a recoger los documentos falsos, y ella luego tenía que regresar y entregárselos a su jefe. En el caso de Sandra, solamente le pidieron dos fotos y alguien que trabajaba adentro del campo de golf le entregó documentos falsos. Ella entregó esos documentos y le dijeron que nunca más hablara de ese tema.

“La culpa desde el punto de vista legal es de la persona que consigue los documentos. La táctica de entregar documentos falsos posiblemente sea para tener a los trabajadores ahí en completo silencio, y que nadie hable”.

– ¿Qué consecuencias legales piensa que puede tener esto para las dos mujeres?

– En el caso de Sandra, ella es residente permanente y no ha cometido ningún tipo de delito. Al contrario, ella más bien ha denunciado que en el campo de golf y en la casa del presidente de Estados Unidos se han cometido delitos.

“Sandra denunció que existían abusos en el campo de golf, lo llevó a su máxima autoridad que es el director del campo. No es un campo de golf con 300 empleados, era la casa del presidente y la casa de su hija Ivanka Trump, y esa casa era manejada por tres personas. Esas personas sabían de los abusos, y no sé con quién se estaban comunicado, obviamente, pero no hicieron absolutamente nada.

“Victorina es una víctima de un delito, por eso es que hemos pedido a las autoridades federales y estatales que investiguen para determinar quiénes son los responsables, quién sabía de ese delito, y por qué no se hizo nada, y que pague las consecuencias”.

– ¿Qué les podría pasar a ellas ahora por su condición migratoria?

– En el caso de Victorina, ella podría ser deportada. Pero es un mujer muy valiente, muy decidida, que no pudo más con el abuso que exista. En el caso de Sandra, no debe tener ningún tipo de consecuencia para una persona que denuncia un delito para proteger a sus compañeros de trabajo o amigos.

– ¿Cómo ha sido la respuesta pública a lo que han revelado?

– Siempre hay algo de miedo, pero estas mujeres son muy valientes, y a mí también ellas me dan fuerza para continuar en esta lucha, para que en algún momento esto pueda cambiar la política en Washington, y para que la gente se dé cuenta que hay millones de personas así viviendo y trabajando en Estados Unidos.

“En este país las leyes de migración protegen a los migrantes que son víctimas de delito. Entendemos que hay muchas personas que tienen mucho miedo de hablar, pero las instituciones en Estados Unidos funcionan y protegen a las personas, pero tienen que anunciar cuando son víctimas de un delito”.