El régimen Ortega-Murillo, a través de la Policía y funcionarios del Poder Judicial, expulsó de su residencia a los sacerdotes jesuitas encargados de la Universidad Centroamericana (UCA), la cual fue confiscada el pasado 16 de agosto, informó este sábado por la tarde el diario opositorConfidencial.
De acuerdo con esa información, los sacerdotes que vivían en la residencia Villa Carmen se vieron obligados, este sábado, a trasladarse a la comunidad San Ignacio del Colegio Centroamérica, en Managua.
La jefatura regional de los jesuitas indicó que los religiosos mostraron a los agentes la documentación de la escritura de la propiedad como un bien diferente de la UCA y propiedad de la Compañía de Jesús. Sin embargo, los agentes hicieron caso omiso de la documentación y se les ordenó dejar la casa, permitiéndoles sacar únicamente algunos objetos de uso personal.
Ante el hecho, dijo la organización, “los seis miembros de la comunidad obedecieron las órdenes de la autoridad y se retiraron de la vivienda. Los jesuitas desalojados se encuentran bien en un lugar seguro”.
“La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús condena este atropello y manifiesta su confianza en que el Señor de la Historia siga acogiendo bajo su bandera a los jesuitas de Nicaragua en estos momentos”, concluyó la jefatura regional de los jesuitas en un comunicado desde su sede en San Salvador.
Desde el miércoles, la UCA comunicó la suspensión de todas sus actividades luego de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.
“Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales, en alusión a las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega que dejaron más de 300 muertos”, dijo la UCA en un comunicado.
El pasado 17 de agosto, según la agencia de noticias AFP, el ente rector de las universidades de Nicaragua canceló la licencia UCA y la sustituyó por un centro de estudios estatal.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) detalló que “para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y de posgrado, aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro” y nombró a sus máximas autoridades.
Además, indicó en un comunicado que también canceló “la autorización de funcionamiento” de la institución “en correspondencia a las disposiciones del Estado nicaragüense”.