Guatemala (AP). Guatemala no aceptará fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio ocurridos antes de 1987, se informó hoy oficialmente.
Según una resolución publicada en el diario oficial, el gobierno estipuló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solo tiene la competencia para proseguir casos por violaciones ocurridas después de marzo 1987.
El documento establece que los casos presentados frente a la CIDH “no han sido interpretados adecuadamente por la comisión de la Corte”, con lo cual solo se aceptarán resoluciones posteriores a la fecha de marzo 1987.
Además, informó que el acuerdo gobernativo entrará en vigor el jueves 3 de enero del 2013.
El anuncio por parte del gobierno del presidente Otto Pérez Molina ocurre en un momento tenso en Guatemala.
Actualmente, millones en el país esperan el fallo de la Corte de Constitucionalidad –la instancia judicial más alta de Guatemala– que debe decidir si el ex golpista Efraín Ríos Montt y otros militares son cobijados o no por una amnistía.
Los procesos por genocidio del cual es acusado el general retirado están frenados por maniobras legales de los abogados del militar, quienes presentaron decenas de apelaciones e incluso argumentan que Ríos Montt (quien gobernó entre 1982 y 1983) está cobijado por una ley de amnistía.
En otros países latinoamericanos sus gobernantes han sido juzgados por crímenes de lesa humanidad, pero Ríos Montt es el primero acusado de genocidio, cargo que implica el exterminio intencional de una raza o etnia.
El proceso sentaría un precedente histórico en toda la región.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como objetivo procesar y sentenciar a aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos.
Desde el 2001, la CIDH obliga al estado guatemalteco a resarcir con $20,8 millones a más de 450 víctimas de la guerra civil que azotó durante 36 años al país.
El conflicto armado terminó en 1996 con un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas pero durante las casi cuatro décadas que duró dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe de una comisión de la verdad auspiciado por Naciones Unidas tras el fin del conflicto.