San Juan. Reuters y redacción. En una crisis sin precedentes en su historia reciente, el gobierno de Puerto Rico se vio obligado a cerrar escuelas y suspender otros servicios públicos por falta de acuerdo sobre presupuesto con el Congreso.
El gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, advirtió la semana pasada que el estado libre asociado estaba quedando sin dinero para operar, y quedaría obligado a cerrar parcialmente el gobierno el 1.° de mayo, a menos que la legislatura controlada por la oposición aprobara un plan de ley que despeje el camino a un préstamo.
El lunes, más de 90.000 empleados públicos debieron tomar una licencia sin pago, dijo el gobernador en una declaración.
Solo la policía, la salud y otros servicios vitales se mantienen abiertos, confirmó ayer la oficina del gobernador.
Una fuente cercana a las negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso aseguró que el mayor obstáculo es que los legisladores no están de acuerdo con la imposición de un amplio impuesto del 5,9 por ciento a las ventas en el isla, pedido por el Banco de Desarrollo de Puerto Rico antes de otorgar un préstamo al gobierno.
La oposición pretendía un impuesto del 4 por ciento y el gobierno presionó por un 7 por ciento, como parte de una revisión de impuestos en la isla caribeña.
Por casi un año, legisladores y funcionarios del gobierno no fueron capaces de acordar un plan para llenar el déficit estructural de $1.000 millones.
El Banco de Desarrollo, que es el agente fiscal del país, dijo que el cierre gubernamental no afectaría los pagos de la deuda.
La legislatura y el gobierno tampoco alcanzaron un acuerdo sobre el presupuesto el último año, lo que dejó el gobierno operando con el presupuesto del año anterior de $8.900 millones.
Desde entonces, el déficit de presupuesto se ha incrementado a los actuales $738 millones, según representantes del Banco de Desarrollo, de propiedad estatal.
El punto muerto político alcanzó su punto de ebullición el viernes, cuando 50.000 personas marcharon alrededor del Congreso y se esperan más movilizaciones.
Decenas de empleados públicos cesados comenzaron a llenar ayer las solicitudes de ayuda económica para hacerle frente al cierre de más de 40 dependencias del gobierno.
En apuros. "En mucho o en poco, a todos nos afecta. La incertidumbre es muy grande (...) Afortunadamente mi esposo no es empleado público, pero la mayor fuente de ingreso es la mía", manifestó preocupada la maestra Magaly Rosario.
El gobierno puertorriqueño amaneció ayer con 43 dependencias cerradas por segundo día consecutivo, al no aprobar la legislatura, en la noche del lunes, medida alguna para atender la crisis.
Con el fin de buscar una solución a la insuficiencia presupuestaria, el presidente del Senado, Kenneth McClintock, extendió una invitación a su colega en la Cámara de Representantes, José Aponte, para reunirse ayer, pero no trascendió ningún resultado.
Las esperanzas de alcaldes, líderes sindicales, dirigentes empresariales y del delegado de Puerto Rico en la capital estadounidense, Luis Fortuño, están cifradas en alcanzar un acuerdo a favor del impuesto a las ventas de 5,9 por ciento.