Gobierno de Colombia y las FARC inician nuevo ciclo de diálogo de paz

La participación política de la guerrilla será el tema central

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Bogotá (AFP). El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrirán este martes en La Habana un nuevo ciclo del diálogo de paz, centrado en la participación política de esa guerrilla, pese a las tensiones recientes con el gobierno de Venezuela, acompañante del proceso.

La delegación gubernamental, que dirige el exvicepresidente Humberto de la Calle, tiene previsto viajar este lunes a La Habana para reanudar las pláticas el martes, confirmó a la AFP una fuente del gobierno colombiano.

Ambas partes han cumplido un receso de dos semanas luego de que el pasado 26 de mayo suscribieron un acuerdo sobre el primer punto de la agenda, el desarrollo rural, un logro inédito en los 48 años de actividad de las FARC .

“La concertación sobre el tema agrario es muy importante objetivamente. La relevancia histórica está en que por primera vez gobierno e insurgencia convienen en la importancia del problema agrario y en sentar las bases para hacer justicia a la población rural”, destacó a la AFP el historiador Medófilo Medina.

Desde los años 1980 las FARC han llevado a cabo tres intentos de diálogo con anteriores gobiernos, pero sin resultados.

El actual proceso de paz arrancó en noviembre de 2012 y ha sido diseñado sobre una agenda de cinco puntos, que incluye el desarrollo rural, la participación política, las drogas ilícitas, el abandono de las armas, y la reparación a las víctimas del conflicto.

Los diálogos tienen el apoyo internacional de Noruega y Cuba, como países garantes, y de Venezuela y Chile, como acompañantes.

Pero tensiones diplomáticas entre Caracas y Bogotá desatadas justo después de logrado el primer acuerdo entre gobierno y guerrilla, pusieron en duda la continuidad del acompañamiento de Venezuela.

Aunque el presidente venezolano Nicolás Maduro aseveró el viernes que seguirá apoyando el proceso de paz de Colombia, dos días más tarde las FARC acusaron al presidente colombiano Juan Manuel Santos de “desinflar” el buen ambiente del diálogo.

“La actitud de Santos desinfló el optimismo, la atmósfera favorable a la paz que se había logrado construir con tanto esfuerzo en La Habana. La cuestión se resume en el hecho de que si no fuera por Venezuela no tendría lugar el diálogo de paz de la capital cubana”, señaló la guerrilla en un comunicado.

Las FARC se refirieron a una reunión de Santos con el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles y al anuncio de acercamiento de su gobierno a la OTAN, ambos hechos rechazados por el gobierno venezolano.

“Esos asuntos pueden enturbiar el ambiente, pero la disposición de las partes es sacar adelante el proceso de paz”, dijo a la AFP Jairo Libreros, profesor de estudios políticos de la Universidad Externado de Bogotá, y experto en temas de seguridad.

El debate sobre la participación en política de la guerrilla es considerado vital para el proceso de paz, cuyo fin último es la inserción de las FARC como movimiento desarmado.

“De lo que se trata todo esto es de terminar el conflicto, esa es la clave de todos los acuerdos. Este punto es para establecer reglas que permitan el tránsito de las FARC a una fuerza política sin armas”, dijo De la Calle el domingo al diario El Tiempo.

Las dos delegaciones deberán a partir de este martes acordar garantías para la participación política y modalidades de justicia para las FARC.

La base para negociar se encuentra en una reforma constitucional aprobada en 2012, conocida como marco jurídico para la paz, que abrió la posibilidad de la participación política a los guerrilleros que no estén incursos en delitos de lesa humanidad, así como la de suspensión de penas.