Gobierno de Colombia y las FARC abren diálogo de paz sin detener la guerra

Tras medio siglo de conflicto armado, el gobierno de Colombia y las FARC comenzarán el lunes un histórico proceso de paz con la instalación en Noruega de una mesa de diálogo

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Bogotá. AFP. Tras medio siglo de conflicto armado, el gobierno de Colombia y la guerrilla comunista FARC comenzarán el lunes un histórico proceso de paz con la instalación en Noruega de una mesa de diálogo, aunque sin detener los enfrentamientos en su propio territorio.

Delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, la guerrilla más antigua de América Latina) se reunirán primero en Noruega y luego en Cuba, los dos países garantes de este proceso que de manera unánime respalda la comunidad internacional.

Poner fin al prolongado conflicto armado de Colombia es la prioridad del gobierno. “Mi gobierno ha tomado la determinación de avanzar con prudencia, con seriedad, con firmeza y sin repetir los errores del pasado, en conversaciones con la guerrilla”, aseveró Santos en la reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York .

Esta es la cuarta vez que se lanza un proceso de paz con las FARC, estas conversaciones que están previstas para arrancar el 15 de octubre en Noruega y con una primera conferencia de prensa dos días después, se anuncian con mejores perspectivas que las anteriores experiencias, pese a que no se contempla aún el cese de hostilidades.

“La opinión pública en general y los diferentes sectores políticos y sociales coinciden en expresar cierto optimismo por el inicio del proceso de paz”, comentó María Clemencia Castro, directora del Observatorio para el desarme de la Universidad Nacional de Colombia.

“Las guerrillas han asimilado la imposibilidad de la victoria militar y el Estado se ha mostrado dispuesto a dar una salida al conflicto a través de la solución política”, añadió.

Desde que asumió la presidencia en 2010, Santos prepara el terreno para un acuerdo mediante diversos mecanismos, entre estos una ley de restitución de tierras y reparación a víctimas, un punto clave para las FARC que surgieron como guerrilla de una insurrección campesina en los años 1960.

También aprobó este año en el Congreso un “marco jurídico para la paz”, que contempla la posibilidad de suspensión de penas a los jefes guerrilleros y su incorporación a la actividad política legal.

Pero a la vez, Santos mantuvo la presión militar, lo que llevó a la muerte en sendos bombardeos de sus dos principales comandantes, Jorge Briceño, en 2010, y Alfonso Cano, en 2011.

Hace una década, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana rompió el último intento de diálogo con las FARC acusando a la guerrilla de haber aprovechado la desmilitarización de una región en el sur de Colombia para fortalecerse.

Previo a las conversaciones, Santos hizo un llamado a las fuerzas militares a defender “cada centímetro del territorio” frente a la guerrilla, cuyas tropas disminuyeron de 20.000 a unos 9.200 rebeldes en los últimos quince años.

Timoleón Jiménez, comandate máximo de las FARC desde la muerte de Cano, impulsó este año un cambio de estrategia de la guerrilla y anunció que cesaba el secuestro de civiles, una de las principales exigencias de Santos antes de emprender un diálogo.

Aunque deploró la falta de un alto el fuego durante las conversaciones, Jiménez, también conocido como Timochenko , expresó su “gran esperanza” de terminar el conflicto armado.

“Hacer negociaciones en medio del conflicto tiene el riesgo permanente de que cualquier acto puede dar al traste con el esfuerzo, pero me parece mucho más pragmático hacerlo así”, opinó el politólogo Fernando Giraldo.

“El gobierno tendrá un menor costo, en caso de que fracase”, señaló.

Y teniendo en cuenta que el conflicto seguirá activo, el gobierno también ha sido enfático en que las conversaciones deben dar resultados en “algunos meses” y no prolongarse durante años.

Pero la decisión de no cesar las operaciones militares ni la actividad guerrillera también tiene riesgos.

“Si las comunidades en las zonas de conflicto no sienten que éste se atenúa y ven en cambio que la crisis humanitaria continúa, entonces el apoyo social al proceso de paz disminuirá sensiblemente con el tiempo”, consideró Javier Ciurlizza, director regional del instituto de análisis de conflictos Crisis Group.

“Esto dará razones a la oposición política al proceso de paz para atacarlo y cuestionar el mero hecho de negociar”, destacó.

Y los obstáculos no faltan en Colombia, donde también opera otra guerrilla, el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 2.500 combatientes, así como bandas criminales compuestas en parte por exparamilitares que no se desmovilizaron en el proceso que se llevó a cabo de 2003 a 2006.

La agenda de este diálogo incluye cinco puntos, el primero de ellos el desarrollo rural. También abordarán el espinoso asunto de la participación de la guerrilla en la producción y tráfico de drogas en Colombia, el primer productor mundial de cocaína.

Las autoridades deberán además encontrar una solución a la participación política de los guerrilleros que se pacifiquen y opciones para la suspensión de las penas de cárcel.

Según una encuesta reciente, más de dos terceras partes de los colombianos se muestran favorables a que se solucione un conflicto que ha dejado cientos de miles de víctimas y que cada año se cobra dos puntos del Producto Interno Bruto.

“¿Quién en Colombia no va a querer la paz? Yo creo que el ambiente ahora es como de reconciliación. Creo que puede pasar algo importante en Colombia”, dijo Girolly Guttierez, un vendedor ambulante de 34 años.