Santiago. EFE. El Gobierno chileno defendió ayer su decisión de aplicar duras medidas para c ontrolar la violencia en la región de La Araucanía y apoyó un bloqueo de caminos por parte de los camioneros, mientras la oposición demandó “mesura y proporcionalidad” en la acción del Ejecutivo.
Dirigentes mapuches advirtieron en tanto que la ley antiterrorista, el aumento del contingente policial o la aplicación eventual del estado de excepción en la zona equivale “a apagar un incendio con gasolina” en la región, a 700 kilómetros al sur de Santiago.
La muerte, el pasado viernes, de un matrimonio de empresarios agrícolas, calcinados en su casa incendiada por una veintena de encapuchados, reavivó la violencia en La Araucanía, convulsionada desde hace varios años por el llamado “conflicto mapuche”.
Los reclamos de algunas comunidades sobre la tenencia de tierras pertenecientes a empresas forestales o agrícolas han dado paso a frecuentes asaltos e incendios de propiedades agrícolas o camiones madereros, en una escalada que las autoridades no han podido contener.
La muerte de Werner Luchsinger y de su esposa, Vivian Mackay, coincidió con el quinto aniversario del homicidio del comunero Matías Catrileo a manos de un carabinero que solo fue condenado a tres años de libertad vigilada y que continúa en la institución.
Tras reunirse con dirigentes oficialistas y de la oposición en La Moneda (sede de Gobierno), el ministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, reafirmó que la aplicación de la ley antiterrorista “es el instrumento más eficaz y oportuno" para controlar la situación.
Preguntado por la eventual declaración del estado de excepción en la zona mapuche, Chadwick respondió: “No descartamos recurrir a otros instrumentos jurídicos”.
En la oposición, el diputado Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, opinó que la ley antiterrorista “no parece conducente ni eficaz” para resolver el caso.
“No estamos de acuerdo con el estado de excepción, tampoco con la ley antiterrorista. No debe haber doble estándar, se debe hacer justicia en todos los casos”, añadió.
En tanto, José Santos Millao, un veterano dirigente mapuche, criticó que las medidas del gobierno “solo echan más gasolina al fuego” de un conflicto que, a su juicio, se resolverá cuando el Estado los “ invite a hablar sobre la deuda histórica ” que mantiene con los mapuches.
Los mapuches sostienen que fueron despojados de sus tierras y denuncian la discriminación que los ha condenado a la pobreza.