Guatemala. AFP. Peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) denunciaron ayer que han recibido amenazas de muerte por los testimonios que brindaron en el histórico juicio en que se condenó a cuatro militares retirados por su implicación en una masacre de campesinos.
El director ejecutivo de la FAFG, Fredy Peccerelli, aseguró que varios miembros de esa entidad han sido amenazados de muerte por su relación con el caso de Dos Erres, nombre de la localidad donde se produjo la matanza de 201 campesinos en diciembre de 1982.
El antropólogo explicó que el 4 de agosto, mientras viajaba en un automóvil en compañía de dos extranjeros, un desconocido perforó una llanta de su auto cuando se detuvo frente a un semáforo.
Cuatro días después, su hermana Bianka Peccerelli halló en su domicilio una amenaza de muerte escrita a mano con tinta roja.
“Nos pagarán lentamente cada uno de los 6.050 años. Por ustedes los nuestros sufrirán. Ahora no solo los vigilaremos, los dejaremos como a los demás, regados. Cuando menos sientan morirán”, reza parte del mensaje intimidatorio, afirmó ayer Peccerelli.
El 2 de agosto, por primera vez en la historia, un tribunal guatemalteco condenó a cuatro militares retirados por la muerte de los 201 campesinos ocurrida entre el 6 y 8 de diciembre de 1982, en una de las más brutales matanzas perpetradas por el Ejército durante la Guerra Civil (entre 1960 y 1996).
El Tribunal de Alto Riesgo sentenció a 6.060 años de cárcel a Carlos Antonio Carías, Manuel Pop, Reyes Collin y Daniel Martínez, quienes formaban parte de la fuerza de élite “Kaibil” del Ejército.
Durante el juicio, tanto Peccerelli como otros nueve expertos de la FAFG presentaron los resultados de un peritaje que practicaron durante la exhumación de los cuerpos de las víctimas.
Activistas humanitarios del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos y del Grupo de Apoyo Mutuo condenaron las amenazas contra los antropólogos.