Expresidenta filipina es liberada tras ocho meses de encierro

Exmandataria y allegados enfrentan cargos por fraude electoral y corrupción

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Manila. EFE. La expresidenta filipina Gloria Macapagal Arroyo obtuvo ayer la libertad bajo fianza que le permitió salir del hospital militar en que permaneció arrestada en los últimos ocho meses, por una acusación de supuesto fraude electoral cometido en el 2007.

Macapagal consiguió su liberación luego de que un tribunal de Manila emitiera la orden judicial y previo depósito de una fianza de un millón de pesos ($23.756).

La orden se dictó después de que los abogados de la expresidenta se presentaron con la documentación que defendía la inconsistencia de las pruebas inculpatorias.

“La Fiscalía no ha sido capaz de reunir las suficientes pruebas para demostrar que participó en una conspiración. Por lo tanto, a la acusada Gloria Macapagal Arroyo se le permite pagar una fianza de un millón de pesos para su libertad provisional”, señaló el juez.

Supuesto fraude. La liberación de Macapagal Arroyo, quien gobernó Filipinas entre los años 2001 y 2010, supone un revés para el actual presidente, Benigno Aquino, quien ha reiterado que su objetivo es perseguir las presuntas irregularidades cometidas por su antecesora y sus colaboradores.

La exmandataria quedó detenida el pasado noviembre tras ser acusada formalmente de manipular el resultado de los comicios legislativos del 2007, delito para el que la legislación penal contempla la pena de cadena perpetua.

Según la Fiscalía, Macapagal Arroyo ordenó alterar el resultado de la votación para favorecer a los candidatos de su partido, con la complicidad de Andal Ampatuan, quien entonces desempeñaba el cargo de gobernador.

Ampatuan también es juzgado por su presunta implicación en la matanza, en el 2009, de 57 personas vinculadas a su principal rival político a nivel provincial.

A su vez, Macapagal Arroyo enfrenta otra acusación por la supuesta malversación de $8,7 millones que habrían sido tomados de las arcas de la lotería estatal.

De igual modo, se tramita contra la exmandataria otra acusación por corrupción y tráfico de influencias ligadas a un contrato estatal para construir una red nacional de Internet de alta velocidad.

Hasta el momento, ninguno de los delitos atribuidos a Macapagal Arroyo y a su esposo, el empresario José Miguel Arroyo, han sido probados en un tribunal de justicia.