Miami. AFP. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela Eladio Aponte, destituido por presuntos nexos con el narcotráfico, coopera en Washington con la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) y, según informó ayer el diario El Nuevo Herald, implicó a miembros del Gobierno de su país en esa actividad ilegal.
De acuerdo con el periódico en español de Miami, Aponte se encontraba el martes en la capital estadounidense y vinculó en sus declaraciones a altos oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana y a líderes del gobierno del presidente Hugo Chávez con las operaciones del narcotráfico, afirmó una fuente cercana al tema, no identificada en el artículo.
“Está brindando a las autoridades información detallada sobre el funcionamiento de las operaciones de narcotráfico en Venezuela”, indicó la fuente.
Desde Costa Rica. Aponte partió la madrugada del martes de Costa Rica en un avión de la DEA, informó el viceministro de la Presidencia y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mauricio Boraschi.
El magistrado declaró en Washington que las supuestas operaciones con el narcotráfico “son dirigidas directamente por el ministro de Defensa (Henry Rangel Silva), el general Cliver Alcalá, (jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército) y Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional)”, según la fuente de El Nuevo Herald.
Alcalá y Rangel Silva están incluidos en la lista que realizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas.
Aponte fue destituido como presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela el pasado 20 de marzo, después de que se dio a conocer que había entregado credenciales como asistente suyo al venezolano Walid Makled, a quien Estados Unidos y Colombia acusan de traficar cocaína.
La destitución fue ratificada por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) por considerar que los hechos de que se le acusaban al magistrado constituían una “falta grave”. El caso se encuentra en investigación por la Fiscalía.