Caracas. AP. Un exmagistrado venezolano que fue removido de su cargo por haberle entregado credenciales oficiales a un presunto narcotraficante y a quien las autoridades de su país calificaron como un fugitivo, acusó a altos funcionarios del gobierno del presidente Hugo Chávez de entrometerse en casos judiciales.
El exintegrante del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte, destituido por la Asamblea Nacional de Venezuela por sus nexos con el supuesto narcotraficante Walid Makled, aseguró que no sabía de sus actividades ilícitas, aunque admitió que fue partícipe en la manipulación de causas judiciales, atendiendo órdenes de funcionarios, la Fiscalía y la presidenta del máximo tribunal.
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, rechazó ayer las acusaciones del exmagistrado, a quien consideró un fugitivo con claros vínculos con el narcotráfico.
“ La DEA (Agencia de Lucha Antidrogas) se lleva a este hombre (desde San José, Costa Rica) acusado de estar vinculado a mafias de narcotraficantes para convertirlo en vocero en contra de Venezuela ”, añadió en relación con una entrevista que el exmagistrado dio a la televisora hispana EUA SOiTV y que fue retransmitida el miércoles por Globovisión.
El exjuez, al ser preguntado en la entrevista si alguna vez recibió llamadas de un funcionario público para solicitarle algún tipo de manipulación de un caso judicial, respondió: “Cierto. Desde el presidente para abajo”.
Llamadas telefónicas. Mencionó que también durante su desempeño en la Fiscalía Militar y luego en el Tribunal Supremo, recibió llamadas telefónicas de la fiscala general, Luisa Ortega Díaz, y de la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estella Morales, para que interviniese en algunas decisiones.
Aponte indicó que nunca percibió dinero de los narcos.
Pero dijo que una vez sí favoreció a un militar. “Un teniente, no recuerdo muy bien, que fue detenido en Carora, un poblado agrícola al oeste de Caracas, con un cargamento de cocaína. Era subalterno del comandante Magino, se le descubrió la droga... Magino me llamó, desde la presidencia de la República para abajo para favorecerlo”.
Al hablar sobre la independencia del Poder Judicial, afirmó que “todos los fines de semana hay una reunión en la Vicepresidencia Ejecutiva, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscala general de la República, con el presidente de la Asamblea Nacional, con la procuradora general de la República, con la contralora general de la República. De ahí sale la directriz de lo que va a hacer la Justicia”.
Según Aponte, Chávez se comunicó con él “para que condujera de manera conveniente hacia el Gobierno las investigaciones de un caso del 2004, en el que más de un centenar de colombianos fueron arrestados, a quienes acusaron de conspirar para desestabilizar el país y asesinar al presidente”.