Alma Atá, Kazajistán. AFP, EFE Nueve presos políticos cubanos llegarán el martes a España, sumándose a los 11 que llegaron la semana pasada, anunció ayer el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, que respondió a las críticas de los expresos por su estatus jurídico.
“El martes próximo llegarán otros nueve presos políticos más 50 familiares”, anunció luego de pedir “comprensión” a los presos cubanos llegados a España.
Las quejas de los nuevos inmigrantes obedecen a su indefinición legal. Moratinos dijo que tendrán el “mejor estatus” sin ver cerrada la puerta de volver a la isla.
Según los excarcelados, se encuentran en un “limbo jurídico” y no se sienten “libres” para decidir su propio futuro. Se quejan de que se les pretende imponer el estatus de inmigrante y distribuirlos entre varias ciudades españolas.
Moratinos les recordó que viajaron de forma voluntaria a España, después de ser liberados por el régimen castrista, y que la intención es darles todas las facilidades posibles para que decidan dónde quieren quedarse.
Aunque hizo hincapié en que “el abanico de ayuda, colaboración, asistencia, derechos y garantías es plena” , dijo que respeta sus protestas. “Son libres de expresar sus posiciones políticas, de criticar al Gobierno y su política y de expresar su sentimiento. Todo lo comprendemos y lo aceptamos”.
A continuación, quiso aclarar el estatus que se les ha propuesto.
Si bien en un principio el Gobierno español anunció que se les ofrecería la condición de inmigrantes, Moratinos precisó que la intención es que se acojan a la “protección internacional asistida” .
Esta figura, recogida en la Ley de Asilo aprobada el pasado año, es el “mejor elemento normativo de protección”, al permitirles tener tarjeta de residencia y trabajo y participar en actividades políticas, aspectos que no gozarían si solicitan ser refugiados políticos.
También podrían regresar a Cuba cuando lo quisiesen, aunque con previa autorización del régimen castrista, “como hacen todos los cubanos que emigran de su país”.
Los presos excarcelados aseguraron esta semana que la solicitud de este permiso es “inaceptable”, puesto que si realmente son libres, no deberían tener problemas para volver a su patria.