México
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció este lunes un proyecto de reforma constitucional que permitiría a la petrolera Pemex asociarse con privados para exploración y extracción de hidrocarburos, conservando la empresa en manos del Estado.
La reforma que propone Peña Nieto para modernizar a Pemex, que ha atravesado una fuerte caída de su producción en los últimos años, prevé una modificación del artículo 27 de la Constitución para que la compañía pueda celebrar "contratos de utilidad compartida" con privados, de acuerdo con un resumen oficial de la propuesta.
El texto también propone una reforma del artículo 28 para otorgar "permisos" para que Petróleos Mexicanos (Pemex) se asocie con particulares en refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento.
Sin embargo, "el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la Nación" y Pemex seguirá siendo una empresa "100% propiedad de la Nación", recalcó Peña Nieto .
La iniciativa pretende asimismo "corregir" el régimen fiscal de Pemex para hacerla más competitiva.
Esta compañía, fundada tras la nacionalización del petróleo en México en 1938, aporta actualmente más de un tercio de los ingresos públicos.
"El Estado mexicano actuará como dueño de la riqueza petrolera con visión a largo plazo y no uno recaudatorio a corto plazo", afirmó Peña Nieto en la presentación del texto, efectuada en su residencia oficial de Los Pinos.
De aprobarse y aplicarse su propuesta, el mandatario auguró que la producción petrolera mexicana pasará de los 2,5 millones de barriles de crudo producidos diariamente en 2012 a 3 millones en 2018 y 3,5 millones hacia 2025.
Los tres principales partidos mexicanos están de acuerdo en que debe reformarse Petróleos Mexicanos (Pemex) para impulsar mayores inversiones que le permitan superar el actual estancamiento de su producción y el hallazgo de nuevas reservas.
Sin embargo, la izquierda se opone a cualquier modificación constitucional y ya se han convocado consultas y protestas ciudadanas para las próximas semanas para oponerse a lo que consideran una "privatización" de los recursos públicos.