Buenos Aires (AFP). La empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que opera la línea Sarmiento donde el miércoles anterior un tren se estrelló en la terminal de Once de la capital argentina, rechazó hoy la versión del maquinista de que hubo fallas en los frenos.
El tren, con 2.000 pasajeros a bordo, se estrelló contra el paragolpes de contención de la terminal, causando la muerte de 51 personas e hiriendo a 703. El accidente es catalogado como uno de los más graves accidentes ferroviarios de la historia argentina.
"La formación cumplió el trayecto sin que se verifiquen o comuniquen anomalías hasta su impacto en la estación de Once", sostuvo TBA en un comunicado.
El maquinista Marcos Córdoba, de 28 años, en libertad por orden de la justicia, había declarado que fallaron los frenos y aseguró que había alertado por radio sobre las fallas.
Sin embargo en un audio de los diálogos entre el conductor y el controlador divulgado públicamente hoy no consta esa advertencia.
"Las comunicaciones entre el puesto de comando de la formación y el puesto Control Trenes no contienen novedad alguna", aseguró TBA al dar cuenta, además, que "la lectura de las desaceleraciones y frenado del tren en las estaciones (previas a Once) resultan normales".
Pese a todo, informes de la Auditoría General de la Nación vienen advirtiendo desde 2008 sobre el pésimo estado de los trenes y de los sistemas de frenos.
La Defensoría del Pueblo de la Nación sostuvo que el accidente "determinaría por sí mismo, por su gravedad, la falta de aptitud, pericia y responsabilidad por parte de la empresa para continuar como concesionaria del servicio ferroviario".
A estas advertencias se sumaron pedidos de legisladores, sindicatos y delegados gremiales de la línea Sarmiento que reclaman poner fin a la concesión de inmediato.
La presidenta Cristina Kirchner aún no se ha pronunciado públicamente, y pasa el fin de semana recluída en su casa de la villa patagónica de El Calafate, aunque tiene previsto encabezar el lunes un acto público en Rosario, 300 kilómetros al norte.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dijo que el Estado se presentará como querellante en la causa que avanza sin acusaciones hasta el momento.
Medios de prensa locales especulan con la posibilidad de que el gobierno resuelva la intervención en la empresa que recibe millonarios subsidios.