Quito. AFP La aplicación de la justicia indígena en Ecuador y Bolivia se ha materializado en el último mes en el linchamiento de policías y la tortura, quema o flagelación de supuestos delincuentes.
Esta situación ha puesto en aprietos a los gobiernos que impulsaron incluir en la Constitución esta justicia paralela.
Aborígenes quechuas bolivianos lincharon la semana pasada a cuatro agentes de la unidad antirrobos, a quienes acusaron de ser ladrones de automóviles, algo que la Policía rechaza.
Los indígenas se negaron por varios días a entregar los cuerpos, enterrados en tres diferentes poblaciones, porque exigían a los familiares desistir de cualquier acción judicial; finamente los cadáveres fueron devueltos.
En Ecuador, dos personas fueron quemadas vivas el domingo en otro caso en que los autores fueron detenidos y acusados luego de asesinato, pese a que se escudaron en el permiso para aplicar la “justicia indígena”.
“Procedieron a someterlos, amarrarlos de las manos, se presume que también de los pies, los golpearon, y después les echaron gasolina y los incineraron que se quemaron totalmente”, relató Pío Palacios, fiscal de la provincia amazónica de Orellana.
Agregó que los verdugos también pusieron ají en los ojos de las víctimas.
En casos similares otras siete personas fueron azotadas en Ecuador, entre ellas un nativo que fue salvado de morir en la horca gracias a las advertencias del gobierno de Rafael Correa.
La Carta Magna boliviana de 2009, promovida por el presidente Evo Morales, prevé que las comunidades indígenas ejerzan “funciones jurisdiccionales” aplicando sus “normas y procedimientos”, pero explicita que la misma “respeta el derecho a la vida”.
Mientras en la Constitución ecuatoriana del 2008, impulsada por Correa, se exige que estos mecanismos “no sean contrarios” a la Carta Magna misma y “a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”. Los indígenas dicen que no hay credibilidad en la justicia común.