El Cairo. EFE. Egipto se despidió ayer del estado de emergencia vigente en los últimos 31 años en el país después de que la Junta Militar decidiera no renovarlo, accediendo así a uno de los principales reclamos de la revolución.
La cúpula castrense que gobierna desde la salida de Hosni Mubárak en febrero del 2011, rechazó prorrogar la aplicación de la llamada Ley de Emergencia.
“Las Fuerzas Armadas seguirán garantizando la seguridad en Egipto", aseguró el portavoz del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Mohamed Askar.
De esta forma, Egipto concluye una situación de excepción que por décadas dio cabida a la suspensión de libertades de prensa y asociación, la ampliación de los poderes de los órganos de seguridad y la anulación de los derechos civiles y políticos, con la excusa de la lucha antiterrorista.
Desde que entrase en vigor con motivo del asesinato del presidente Anwar el-Sadat en 1981, la aplicación de la citada norma se fue extendiendo a lo largo del mandato de Mub€árak, que la renovó por última vez en mayo del 2010 por dos años.
Con motivo del primer aniversario de la revolución, la Junta Militar limitó en enero pasado la Ley de Emergencia a casos ligados con el vandalismo, pero faltaba el paso definitivo para certificar su final.
Ese gesto de los dirigentes militares fue recibido con satisfacción por el principal grupo de la Cámara Baja del Parlamento, el Partido Libertad y Justicia (PLJ), vinculado a los Hermanos Musulmanes.
Desde que estallara la revuelta popular en Egipto, los grupos revolucionarios y de derechos humanos han protagonizado numerosas protestas y campañas para denunciar el estado de emergencia, bajo el cual, afirman, las fuerzas del orden y las autoridades cometían excesos contra los civiles.
Ayer, de paso, Human Rights Watch exigió la liberación de 188 personas detenidas en esas circunstancias de excepción.