Washington
La Corte Suprema estadounidense suspendió a último momento, en principio por algunas horas, una ejecución mediante inyección letal en Misuri (centro), tres semanas después de la atroz agonía vivida por un condenado a muerte en Oklahoma.
Una corte de apelaciones había suspendido horas antes la ejecución de Russell Bucklew, ante el riesgo de un "intolerable sufrimiento"; y el juez Samuel Alito, responsable por Misuri en la Corte Suprema, ordenó suspender las deliberaciones jurídicas hasta que el máximo tribunal se pronuncie sobre el caso este miércoles.
Bucklew, condenado a muerte por el asesinato de su rival amoroso y la violación de su exnovia, debía morir a las 12 a. m. hora local del miércoles. Sus abogados cuestionaron el secreto relacionado con la procedencia de los barbitúricos utilizados en las ejecuciones en Estados Unidos.
La Corte Suprema podría aprovechar este caso para crear jurisprudencia, mientras los recursos judiciales se multiplican ante los tribunales para cuestionar los nuevos procedimientos utilizados en las inyecciones letales, el secreto en torno a los fármacos empleados y el sufrimiento al que se enfrentan los condenados.
Bucklew, quien sufre de tumores vasculares en el cuello, afirmó la semana pasada que el cóctel letal utilizado en Misuri le provocaría enormes sufrimientos antes de morir, en violación de las normas legales vigentes.
Por ello, pidió formalmente que su ejecución sea filmada y que le video se use como evidencia de sus padecimientos.
La Corte de Apelaciones determinó, seis horas antes de la hora prevista para la ejecución, que existía "una considerable probabilidad de que Bucklew gane el pleito sobre el hecho de que el procedimiento actual de ejecución (en Misuri) presenta un 'riesgo objetivamente intolerable de sufrimiento'".
Esta hubiese sido la primera ejecución en Estados Unidos después de la de Clayton Lockett, el 29 de abril en Oklahoma (centro sur), tras una larga agonía que reavivó la batalla entre partidarios y opositores a la pena capital y provocó fuertes críticas, incluso de la Casa Blanca.
Lockett murió 43 minutos después de que se le inyectara un cóctel letal con fármacos que nunca habían sido puestas a prueba. Habitualmente los condenados mueren 10 minutos después de la inyección.
Bucklew "corría el riesgo considerable de una muerte atroz y prolongada a causa de su estado de salud poco común y grave", según un comunicado del defensor Cheryl Pilate.
Otra ejecución, prevista la semana pasada en Texas, fue suspendida a último momento por una corte de apelaciones para que se pueda demostrar la presunta discapacidad mental del acusado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido previamente a las autoridades estadounidenses suspender la ejecución hasta que se analicen los argumentos presentados por los abogados de Bucklew.
Los abogados defensores alegan que "el método de ejecución es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos" y que los estados de Misuri y Oklahoma "no han proporcionado información sobre los fármacos utilizados" en las inyecciones letales.
A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte tienen dificultades para hallar barbitúricos.
Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.
Según una encuesta, el 59% de los estadounidenses están a favor de la pena capital contra el 35% que se opone. Pero dos tercios de los consultados prefieren otro método de ejecución, como la silla eléctrica, la cámara de gas o la horca.