Venezuela acusa a Estados Unidos de ‘terrorismo económico’ tras bloqueo de activos

La Casa Blanca reitera que usará ‘todas las herramientas apropiadas’ para propiciar la caída del gobierno de Nicolás Maduro

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Caracas, Washington y Lima. El gobierno de Venezuela acusó este martes a Estados Unidos de “terrorismo económico” y de buscar la ruptura del diálogo con la oposición, tras nuevas sanciones que congelan todos sus activos en ese país.

El gobierno de Nicolás Maduro "denuncia ante la comunidad internacional una nueva y grave agresión de la administración Trump a través de acciones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo de Venezuela", señaló la cancillería en un comunicado.

Caracas consideró, asimismo, que con esta nueva ofensiva para expulsar a Maduro del poder, Washington y sus aliados “apuestan por el fracaso del diálogo político” que mantienen delegados del gobierno y del líder opositor Juan Guaidó –reconocido copmo mandatario provisional por una cincuentena de países– con la mediación de Noruega, pues “le temen a sus resultados y beneficios”.

Pero el gobierno venezolano "no permitirá que esta tendenciosa escalada de agresiones afecte" las conversaciones que se iniciaron en Oslo a mediados de mayo y se trasladaron a inicios julio a Barbados.

En tal sentido, el ejecutivo, que ya enfrenta un embargo petrolero estadounidense desde abril, reiteró su “voluntad inquebrantable de alcanzar acuerdos nacionales en diferentes dimensiones, para fortalecer aún más (la) democracia y garantizar el derecho del pueblo a vivir en paz”.

Al comunicar su decisión a la Cámara de Representantes, Trump arguyó que es “necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela debido a la continuación de la usurpación del poder por el régimen ilegítimo” de Maduro.

Estados Unidos, que encabeza la presión internacional para propiciar la salida de Maduro, podría así sancionar a cualquier empresa que haga transacciones comerciales con el mandatario socialista.

En esta ofensiva por propiciar la salida de Maduro del poder, la Casa Blanca puntualizó este martes que Washington usará “todas las herramientas apropiadas” para propiciar el fin de la “dictadura” en Venezuela.

“Como lo ha dejado claro el gobierno de Trump: todas las opciones están sobre la mesa. Estados Unidos utilizará todas las herramientas apropiadas para poner fin al control de Maduro sobre Venezuela, apoyar el acceso del pueblo venezolano a la asistencia humanitaria y garantizar una transición democrática en Venezuela”, destacó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en un comunicado.

Trump fue el primero en reconocer como mandatario interino de Venezuela al jefe del Parlamento controlado por la oposición, Juan Guaidó, tras considerar que Maduro se reeligió en elecciones fraudulentas.

Las sanciones que su gobierno ha impuesto afectan a Maduro y sus allegados, al canciller, a altos mandos militares y tocan sectores clave de la economía como el sistema financiero y el sector del oro, además del petróleo.

Presión diplomática

Entretanto, en Lima, comenzó este martes la primera reunión de todos los países que reconocen a Guaidó como presidente interino con un llamado de Perú a redoblar los esfuerzos para conseguir que Maduro deje el poder.

“Los invito a renovar nuestro pleno respaldo al presidente Juan Guaidó”, declaró el canciller peruano, Néstor Popolizio, al abrir la reunión.

Entre los participantes está Estados Unidos, que congeló el lunes todos los activos del gobierno venezolano en su territorio.

A continuación de esta reunión convocada por el Grupo de Lima, en la que hablará el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, John Bolton, seguirá otra conferencia de unos 60 países, incluidos los que reconocen a Maduro, como México y Uruguay.

Los grandes ausentes en esta "Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela" son los principales aliados de Maduro, como Cuba, Rusia, China y Turquía, que declinaron la invitación.

En la reunión participarán varios cancilleres, entre ellos los de Colombia y Brasil, además de los delegados de unos 60 países, incluido el Vaticano, y tres organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, según la Cancillería de Lima.