La ley que autoriza el aborto en Uruguay quedó en firme luego que una consulta de carácter voluntario realizada el domingo no logró la participación del 25% del electorado, necesaria para someterla a referendo.
Luego de que habían sido escrutados más del 95% de los circuitos, la consulta sólo logró la adhesión del 8,65% (226.653 personas) del electorado, según las cifras publicadas por la Corte Electoral de Uruguay en su sitio oficial en Internet.
"Se votó regular, pero lo que nosotros decimos es que estamos muy satisfechos con el esfuerzo que se hizo para lograr que la sociedad reflexionara sobre este asunto", dijo Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional (de tendencia centrista) y uno de los principales promotores de la consulta.
Ahora la ley que despenaliza el aborto en Uruguay, aprobada por el Parlamento en octubre y en vigencia desde diciembre, queda firme definitivamente.
La consulta no tenía opciones de voto; los que participaron sólo encontraban una papeleta blanca con un texto que pedía se sometiera a referendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Los principales líderes de la oposición, integrantes del Partido Nacional y el Partido Colorado de derecha, exhortaron a la gente a concurrir a la consulta. En tanto, el gobernante Frente Amplio de izquierda llamó a defender la ley, aprobada en octubre del año con la unanimidad de sus legisladores, no presentándose a votar.
" Quiero defender la ley porque hace casi 100 años que este tema está en debate y ese prolongado tiempo de discusión lo pagaron muchísimas mujeres con su vida o con su capacidad reproductiva " , dijo la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, en el sitio de internet del partido.
Unas 20 organizaciones feministas, sindicales y profesionales lanzaron una campaña en contra de la consulta bajo la consigna " Yo no voto, ¿y vos? "
La campaña publicó una lista de 12 motivos para no votar, porque " derogar la ley es votar en contra de la salud de las mujeres " y " volver a la práctica clandestina del aborto " . Advertía además que si se derogara la ley no se evitarán los abortos, sino sólo se evitará el acceso a los servicios de salud que garanticen la seguridad de las mujeres que los realicen.
El Ministerio de Salud no ha hecho públicas las cifras de abortos desde que la ley entró en vigor en diciembre, pero el viceministro de esa dependencia, Leonel Briozzo, dijo que se estima que desde entonces se realizan entre 300 y 400 abortos legales por mes, es decir alrededor de 4.000 al año.
El Senado uruguayo aprobó en octubre la ley que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, convirtiendo a Uruguay en el segundo país de Latinoamérica después de Cuba en permitir el aborto libre en el primer trimestre de embarazo.
La ley despenaliza los abortos pero exige que las mujeres justifiquen su decisión frente a un panel de expertos y que cumplan cinco días de reflexión antes de confirmar que quieren continuar con el procedimiento. La justicia no tiene intervención excepto en los casos de menores, que deben recibir el aval de un juez.
Pasadas las 12 semanas de gestación la ley también despenaliza los abortos cuando la vida de la madre esté en riesgo o el feto sufra deformidades y hasta las 14 semanas en el caso de los embarazos producto de una violación.