Uruguay decidirá si baja edad para acusar a menores que delinquen

Reforma pretende que jóvenes de 16 años puedan ser imputados

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Montevideo. AFP. En Uruguay, el país más seguro de Latinoamérica, la inseguridad pública está en la mira de su población que el domingo (en las elecciones nacionales ) se pronunciará sobre un plebiscito que busca bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años en caso de delitos graves.

Piedra en el zapato del gobierno del izquierdista José Mujica , el clamor por más seguridad ciudadana llevó a una campaña (cuyo principal impulsor fue el candidato a la Presidencia del Partido Colorado, Pedro Bordaberry) para llamar a una consulta popular y que superó por más de 100.000 firmas las 250.000 requeridas para realizar la consulta.

“La reforma que se vota con el ‘sí’ dispone, en primer lugar, que la ley penal proteja a las víctimas del delito y a los ciudadanos honestos”, señaló Bordaberry en un acto en la recta final de una campaña que lo tiene en el tercer lugar de las preferencias, con 15% de las intenciones de votos, según sondeos.

El expresidente Tabaré Vázquez , primer mandatario de izquierda del país, lidera las encuestas seguido por Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN).

Pese a apoyar la merma de la edad de imputabilidad, Lacalle Pou dio poco respaldo en su campaña electoral al plan, que es rechazado por su compañero de fórmula, Jorge Larrañaga.

Reto. Bordaberry quedó prácticamente solo para confrontar con la izquierda y decenas de organizaciones sociales y organismos internacionales, como el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), que se agruparon detrás del “no a la baja”.

Fabiana Goyeneche, vocera de la Comisión Nacional No a la Baja, remarcó que estudios nacionales e internacionales “muestran que no se baja el índice de delito bajando la edad de imputabilidad”. Por el contrario, “puede ser peor para la seguridad, ya que los adolescentes con exceso de encarcelamiento salen más violentos”.

La reforma busca bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal en casos de homicidios, lesiones graves, rapiñas, extorsión, secuestro y violación. Además, mantendría vigentes los antecedentes policiales de los menores que hayan delinquido cuando estos cumplan 18 años.