Montevideo. AFP y EFE. Uruguay dio anoche un nuevo paso hacia la legalización de la marihuana, luego de que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que, de ser ratificado en el Senado, convertirá al Estado uruguayo en el primero en el mundo en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis.
El texto fue aprobado por 50 votos en 96, tras casi 14 horas de debate, solo con el respaldo de la izquierda gobernante Frente Amplio (FA), que también tiene mayoría en el Senado.
La votación fue recibida con aplausos por poco más de un centenar de defensores de la legalización del cannabis, que presenciaron la sesión desde las barras.
“Es un primer paso”, dijo Martin Collazo, vocero de Regulación responsable, organización que ha promovido el proyecto mediante campañas públicas.
“Estamos convencidos de que el modelo va a funcionar y va a ser beneficioso para la población”, aseguró.
El polémico proyecto, promovido por el gobierno de José Mujica, es visto con recelo por la población: según una reciente encuesta de la empresa Cifra el 63% de la población no lo respalda.
“Con esta ley no pretendemos resolver todos los problemas pero sí vamos a demostrar (...) que por cada persona que se pase del mercado negro al mercado regulado vamos a tener una victoria”, aseguró poco antes de la votación el diputado oficialista Julio Bango.
Su colega Sebastián Sabini, informante de la iniciativa, había defendido más temprano el proyecto indicando que “la regulación no es promover el consumo, el consumo ya existe”.
Más temprano, el diputado oficialista Sebastián Sabini, informante de la iniciativa promovida por Mujica, defendió el proyecto e indicó que “la regulación no es promover el consumo: el consumo ya existe”.
“Lo que estamos haciendo es regular una actividad lícita en nuestro país”, enfatizó, tras expresar que “el consumo de cannabis se ha duplicado en los últimos diez años” en Uruguay y que el negocio del narcotráfico “financia el crimen organizado”.
Oposición. Actualmente, el consumo de marihuana no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización.
La norma es rechazada por los partidos de la oposición.
Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, enumeró los efectos del consumo de marihuana sobre la salud y consideró que con el proyecto se está “jugando con fuego”.
“¿Estamos dispuestos a enterrar una generación y después darnos cuenta de que nos equivocamos, que no vamos a terminar con el mercado negro (...) y que habrá un aumento del consumo?”, dijo.
En tanto, el representante del Partido Colorado Richard Sander mostró un video con testimonios de exadictos a la droga, contrarios a la legalización, al tiempo que consideró que el plan gubernamental hace gala de “improvisación”.
Tras la votación favorable, el texto pasará a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.
El proyecto de ley –lanzado en junio de 2012 en el marco de una serie de medidas para combatir el aumento de la violencia– prevé que el Estado asuma el control y la regulación de la importación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados.
Tras registrarse, los usuarios podrían comprar hasta 40 gramos mensuales de cannabis en farmacias, pero también se permitirá el autocultivo y el cultivo en clubes de membrecía.
La Junta Nacional de Drogas (JND) estima que en el país se comercializan anualmente unas 22 toneladas de marihuana, lo que totalizaría un negocio ilegal de entre 30 y 40 millones de dólares.
Según la última encuesta de la JND, en Uruguay hay unos 20.000 consumidores diarios de marihuana en un total estimado de 120.000 consumidores. No obstante, la Asociación de Estudios del Cannabis estima que las cifras son mayores y que hay unos 200.000 consumidores habituales.
El mundo. Mujica, que en entrevista con EFE dijo no haber consumido nunca marihuana, lanzó su iniciativa hace un año tras afirmar que la represión contra el narcotráfico “fracasó a nivel mundial” y es necesario “intentar otra cosa”.
A nivel diplomático, el proyecto uruguayo ha recibido el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de expresidentes miembros de la Comisión Global de Política de Drogas.
En la vereda de enfrente, la ONU advirtió de que el plan violaría los tratados internacionales sobre control de drogas, ratificados por el país suramericano.