Montevideo. AFP. Con el proyecto de liberalización de la marihuana, que se suma a la legalización del aborto y el matrimonio homosexual, Uruguay retomó su tradición vanguardista en materia de leyes sociales.
Primero fue la despenalización del aborto en octubre de 2012, el segundo país latinoamericano, después de Cuba, en permitirlo. Luego, en abril de este año, legalizó el matrimonio gay, hasta entonces solo habilitado en Argentina y en la Ciudad de México.
Ahora, la legalización de la producción y venta de cannabis volvió a poner el foco del mundo en este país de 3,3 millones de habitantes.
Para Felipe Arocena, doctor en sociología, el impulso a este tipo de leyes tiene varias explicaciones: un periodo de bonanza económica que permite que prospere la agenda de promoción de derechos, un gobierno de izquierda preocupado por estos temas y una fuerte movilización de nuevas generaciones defendiendo los derechos de los gais y la legalización del cannabis.
Además, Uruguay, un Estado laico desde 1917, “es uno de los países más seculares de América Latina, un país donde la religión y la Iglesia (católica) como institución han tenido mucho menos peso en el Estado”, agrega el analista.
Estas reformas tampoco sorprenden tanto si se recuerda que “Uruguay fue en otro momento de su historia también bastante innovador en materia de legislación en el mundo”, indicó Arocena.
De la mano del presidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911- 1915), Uruguay fue el primero de Suramérica en admitir el divorcio por la sola voluntad de la mujer (1913) o el voto femenino (1927). También fue uno de los primeros en abolir la pena de muerte (1907). En el mismo periodo se legalizó la prostitución y se aprobaron normas laborales como la reducción de la jornada laboral a 8 horas (1915) y leyes de seguridad social.