Bruselas. La Justicia europea determinó este miércoles que Uber es un servicio de transporte, al que se pueden exigir las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis, un revés judicial para la plataforma estadounidense objeto de las críticas de taxistas en todo el mundo.
“El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes”, por lo que los países “pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio”, indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Con este fallo que sienta jurisprudencia en la Unión Europea (UE), el alto tribunal responde a las dudas planteadas por un tribunal de Barcelona (noreste de España) sobre la naturaleza de esta plataforma electrónica antes de resolver una demanda interpuesta en el 2014 por la asociación Élite Taxi por competencia desleal.
La empresa con sede en Estados Unidos estimó que la decisión judicial no cambiará la situación “en la mayoría de los países de la UE”, donde ya operan en virtud de la legislación de transporte nacional, indicó a la AFP una portavoz de Uber.
La clave del fallo era determinar la naturaleza de este tipo de plataformas, que ofrecen precios más bajos por el mismo servicio y están en el punto de mira de taxistas de todo el planeta desde España a Brasil, pasando por El Salvador.
¿Qué hace Uber?
La Justicia europea considera que Uber “no se limita a un servicio de intermediación”, de poner en contacto mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a clientes con conductores no profesionales que utilizan sus vehículos para un desplazamiento urbano.
Uber crea “una oferta de servicios de transporte urbano” y su aplicación es “indispensable” tanto para los conductores, sobre quienes ejerce también una “influencia decisiva” sobre las condiciones de prestación del servicio, como para los clientes, precisó el TJUE.
Este servicio, cuyo “elemento principal es un servicio de transporte”, responde así en virtud del marco legal europeo al ”ámbito de los transportes” y no al “de la sociedad de la información”, como pretendía demostrar la empresa estadounidense.
Al ser un servicio de transporte, las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación, como en el caso de Barcelona, donde los taxistas deben disponer de licencias para poder operar.
Los magistrados del alto tribunal siguen así las conclusiones del abogado general del TJUE, Maciej Szpunar, quien ya indicó en mayo que podía obligarse a Uber “a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas” a nivel nacional.
Para la asociación de taxistas barcelonesa que interpuso la demanda, la decisión del TJUE es una “victoria social”. “Quien se va a beneficiar de esto será la sociedad”, declaró el portavoz de Élite Taxi, Iván Sesma, en una conferencia de prensa en Barcelona.
La presidenta de la Comisión de Transporte de la Eurocámara, Karima Delli, celebró que la decisión de este miércoles “tranquilizará al sector de los transportes, enfrentados hasta ahora a la competencia desleal de Uber”.
La decisión “es un golpe para la ambición de la UE de construir un mercado único digital integrado”, ya que los innovadores serán objeto “de divergentes normas nacionales y sectoriales”, lamentó Jakob Kucharczyk, de la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones a la que pertenece Uber.
Aunque el alcance del fallo del alto tribunal es europeo, este jarro de agua fría para Uberserá seguido a nivel mundial, mientras que la plataforma, que opera en más de 600 ciudades, enfrenta resistencias en la mayoría de ellas.
En Brasil, el Senado devolvió en noviembre al Congreso de los Diputados un proyecto de ley para encuadrar sus actividades, aunque dejando fuera la exigencia inicial de que las autoridades municipales tuvieran que dar una licencia a estas aplicaciones.
Ese mismo mes, un tribunal de Londres, donde la compañía estadounidense está también amenazada de perder su licencia, falló que la empresa debía considerar como empleados a sus conductores, a quienes tenía que pagarles el salario mínimo.
En Costa Rica, Uber inició operaciones el 21 de agosto, sin contar con el aval del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ni del Consejo de Transporte Público (CTP).
El arranque de la empresa estadounidense en el país provocó la molestia de los dueños de los taxis rojos (formales), quienes aseguran que se trata de un servicio de porteo y que, por tanto, es ilegal.
La imagen de la empresa estadounidense se deterioró en las últimas semanas, después que los datos de 57 millones de usuarios en todo el mundo fueron pirateados a fines del 2016.