Brasilia AP, AFP y EFE Miles de personas salieron a manifestar este jueves en varias ciudades de Brasil cuando el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva juró el jueves como nuevo jefe de gabinete de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.
En medio de las marchas a favor y en contra del exmandatario, dos jueces suspendieron su designación.
Lula, blanco en diversas investigaciones por corrupción, ocupó el cargo de ministro de forma efectiva cerca de una hora, el lapso que pasó entre la firma de su acta ante Rousseff y el anuncio de la primera decisión de un juez de suspender su nombramiento.
Demanda aceptada. La jueza Regina Coele Formisano, titular del sexto juzgado federal de Río de Janeiro, fue la segunda en aceptar una demanda presentada por un abogado contra el nombramiento, por considerar procedente el argumento de que este tan solo procura proteger al exmandatario con fuero privilegiado.
Los detractores del Gobierno consideran que la designación de Lula da Silva es un descarado intento por evitar su posible arresto como resultado de una enorme investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Ambas decisiones son provisionales y dependen de que los tribunales regionales federales de Río de Janeiro y de Brasilia se pronuncien, definitivamente, sobre las denuncias.
El procurador general, José Eduardo Cardozo, aliado cercano a Rousseff, dijo que detrás de la orden de suspensión había motivaciones políticas y la calificó de “absolutamente inapropiada”. Cardozo afirmó que el Gobierno apeló la medida.
Mal día. El mismo día de la juramentación y posterior suspensión de Lula, legisladores brasileños crearon una comisión para analizar un juicio de destitución contra la presidenta.
Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja y enemigo de Rousseff, conformó el comité que decidirá si se debe seguir adelante con el juicio político.
La decisión fue celebrada en el plenario de la Cámara por opositores que pedían el juicio en pancartas, mientras los aliados de Rousseff coreaban: “No habrá un golpe de Estado”.
La oposición acusa a la mandataria de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto usando bancos estatales en el 2014, el año de su apretada reelección, y a inicios del 2015.
También se le acusa de haber conocido el esquema de sobornos en Petrobras, un fraude que hizo perder a la empresa estatal cerca de $2.000 millones entre los años 2004 y 2014.
La investigación del caso ha implicado a decenas de figuras públicas de todo el espectro político, así como a destacados empresarios. Es una de varias crisis que afectan el país, cinco meses antes de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río, y que se suman a una creciente y profunda recesión.
Enojo popular. La rabia que generó el nombramiento de Lula dio lugar a [[BEGIN:INLINEREF LNCVID20160317_0024]]protestas en São Paulo [[END:INLINEREF]]y otras ciudades.
En la capital, Brasilia, tres manifestantes fueron arrestados tras enfrentamientos con partidarios gubernamentales, mientras que en la juramentación reinó un clima de campaña política, con una multitud que prorrumpió en consignas a favor del Gobierno.
Rousseff aseveró que contaba con Lula da Silva, su “gran amigo, gran compañero”, para que él la ayudara a sacar el país de las muchas dificultades económicas y políticas.
“El griterío de los golpistas no me desviarán de mi rumbo, ni pondrán a nuestro pueblo a ponerse de rodillas”, dijo la presidenta, cuyo índice de aprobación ha caído a menos del 10%.
Este es el primer paso en un largo proceso que incluye múltiples votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado. Analistas consultados dicen que, de seguir adelante, el proceso podría llevar meses.
Rousseff fustigó la inesperada difusión el miércoles de unas grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre Lula da Silva y varias figuras prominentes, incluida ella misma.
Sergio Moro, el juez que encabeza la investigación en Petrobras, las dio a conocer horas después del anuncio del nombramiento de Silva y sostuvo que las escuchas parecen insinuar que hubo intentos para influenciar a las autoridades judiciales a favor del expresidente.
La presidenta calificó las grabaciones de ilegales y su difusión de “claro intento de sobrepasar los límites del estado democrático”.
“Sacudir la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves”, dijo Rousseff. “Así comienzan los golpes” de estado.
Moro comparó la situación política brasileña con una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue un hito en el escándalo del Watergate, que derrocó al presidente Richard Nixon.
“Ni siquiera la más alta autoridad de la República tiene el privilegio absoluto de la confidencialidad de sus comunicaciones”, dijo Moro, y agregó que la decisión en el caso de Nixon, que data de 1974 y que autorizó la publicación de sus conversaciones, era “un ejemplo a seguir”.
Sonia Fleury, profesora de ciencias políticas de la Fundación Getulio Vargas, una de las mejores universidades de Brasil, dijo que la revelación de las conversaciones había “politizado y empeorado la turbulencia que rodea a la investigación” en un aparente intento por evitar que Lula da Silva asumiera la jefatura de gabinete. Dijo que el contenido de las grabaciones no implican a Rousseff o a su gobierno.
El nombramiento de Lula Silva se produce menos de dos semanas después de que la policía lo condujera a una comisaría para que respondiera preguntas sobre el escándalo de Petrobras. Opositores consideran que su regreso al gobierno tiene como propósito esquivar el cerco legal que se cierne en su contra.
Por el contrario, partidarios del gobierno insisten que el expresidente cumplirá un papel crucial para bloquear el juicio político contra Rousseff por presunto mal manejo de fondos fiscales en otro caso de corrupción.
Tanto Rousseff como Silva han negado reiteradamente haber cometido delito alguno mientras que el gigante sudamericano, un país de 200 millones de habitantes, enfrenta crisis en varios frentes.
La economía sufre la recesión más grave desde la década de 1930, la inflación ha aumentado y los anuncios diarios de despidos masivos han provocado miedo y desesperación.