Buenos Aires
Nadie está encausado después de 21 años del atentando con bomba que mató a 85 personas y dejó 300 heridos en el centro judeo-argentino AMIA. Y tampoco se sabe si al fiscal del caso, Alberto Nisman, lo mataron o si se suicidó, hace seis meses.
El ataque explosivo en 1994 contra la Asociación Mutual Argentina (AMIA) permanece impune. Sólo hay sospechas sobre exgobernantes de Irán, aunque los motivos son tan poco claros como las circunstancias que rodean la muerte de Nisman.
Pero hay una rara coincidencia sobre el origen de los hechos: el conflicto de Oriente Medio, pese a las furiosas discrepancias y acusaciones mutuas entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus opositores.
Fernández sostiene que ambos casos revelan un intento por mezclar a Argentina en una guerra ajena. Y la colectividad judía del país afirma que Irán está detrás de los crímenes por considerarlo "un estado terrorista".
En esta puja política, este martes Fernández recordó con ironía que su gobierno fue condenado con dureza por firmar en 2013 un acuerdo con Teherán para llevar a los acusados al banquillo, cuando ahora se considera "histórico" el flamante pacto nuclear de las potencias con los iraníes.
Al celebrar el acuerdo en materia nuclear entre Irán y Estados Unidos, junto a China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, Fernández lamentó que "el próximo sábado se cumplirán 21 años sin detenidos ni condenados" por aquel ataque hace más de dos décadas.
"En verdad, lo más importante es que el 6 de agosto empieza el juicio oral por encubrimiento del atentado del 18 de julio de 1994. Es un punto de inflexión. La oportunidad de echar algo de luz", dijo Diana Malamud, líder de Memoria Activa, una entidad de familiares de las víctimas.
El enjuiciamiento por ocultar pruebas y lanzar pistas falsas alcanzará al entonces presidente Carlos Menem (1989-1999); al exlíder comunitario judío Rubén Beraja; al destituido exjuez del caso, Juan Galeano y, al jefe de inteligencia de Menem, Hugo Anzorregui, entre otros.
"Pueden surgir ahora indicios. A Beraja lo denunciamos por haber participado en el soborno de 400.000 dólares a un detenido vendedor de autos para acusar falsamente a policías por el ataque", recordó Malamud.
Galeano fue exonerado. Los familiares consideran que la maniobra fue montada por oscuras fuerzas internas políticas que involucraban a Menem y Beraja, sin intención de averiguar quién puso la bomba.
"A Carlos Telleldín (el vendedor de autos y soplón de la Policía) le pagaron para que mintiera", afirmó Malamud.
Nisman, con fuerte apoyo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en octubre de 2010-, acusó en 2006 a una decena de exgobernantes iraníes, entre ellos al expresidente Ali Rafsanjani. Irán se declaró inocente.
La acusación y alertas rojas a Interpol las armó Nisman con declaraciones de testigos protegidos por Estados Unidos. Los Kirchner reclamaron en Naciones Unidas a Teherán que dejase interrogar a los acusados, porque no hay otra manera de encausarlos, según la ley argentina.
Irán siempre lo negó hasta que aceptó firmar un memorándum en 2013 para formar una comisión internacional de juristas independientes. Nisman y los líderes comunitarios se opusieron y el fiscal denunció a la mandataria por encubrimiento el 14 de enero pasado.
Cuatro días después apareció muerto en el baño de su apartamento. La puerta entreabierta permitió a su madre, Sara Garfunkel, descubrirlo en un charco de sangre.
La única bala que lo mató fue disparada con una pistola que había pedido prestada a un colaborador judicial suyo, Diego Lagomarsino. Los peritos de la familia dicen que alguien lo mató. Los peritos forenses afirman que no hay prueba alguna de que otra persona estuviese en el apartamento.
El caso Nisman dañó la reputación de Fernández. La mandataria declaró a la revista The New Yorker, en la edición de esta semana, que a quién más perjudicó la muerte de Nisman fue a su gobierno, a pesar de que la justicia argentina desestimó la denuncia de Nisman contra Fernández por falta de pruebas.
Fernández afirma que el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu justifica su oposición a todo acuerdo con Irán tras los atentados con bomba en la AMIA y la embajada de Israel, en 1992, con 29 muertos y 200 heridos.
Ambos ataques son los más graves de la historia de Argentina. La colectividad judía en esa nación es la más grande de Latinoamérica, con unos 300.000 miembros.