Brasilia. AFP y AP La montaña rusa en la que se ha convertido el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff tomó otra inesperada curva el martes, luego de que el presidente interino de la Cámara de Diputados revocó una decisión que adoptó el lunes y que habría sumergido el proceso en la incertidumbre.
El giro tomado por Waldir Maranhao revivió el juicio político un día después de que desató el caos y ahondó las divisiones entre la clase política brasileña al anular una votación realizada el 17 de abril por la Cámara de Diputados que le había dado luz verde al proceso.
La medida puso en suspenso la votación prevista para este miércoles en el Senado, en la que se decidirá si se suspende, o no, a Rousseff de su cargo mientras se realiza el juicio.
También, generó debate acerca de su legalidad y el presidente del Senado declaró que iba a ignorarla y que avanzaría a toda velocidad con el proceso. Quizá por eso, y por la amenaza de sus compañeros de partido, decidió revocarla el martes.
Por su parte, el Gobierno brasileño pidió a la Corte Suprema anular el proceso de juicio político contra Rousseff.
El Senado podrá decidir este mismo miércoles si le abre el juicio político a la mandataria y, por consiguiente, la aparta del poder hasta por 180 días, mientras la juzga.
En la lucha. Rousseff aseguró que luchará con todas sus fuerzas para impedirlo. “El último día de mi mandato es el 31 de diciembre del 2018”, dijo en una conferencia sobre políticas para las mujeres, frente a miles de fervientes simpatizantes.
“Voy a luchar (contra la destitución) con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha”, aseguró la exguerrillera de 68 años, quien en el 2011 asumió como la primera mujer que llega a la presidencia de Brasil.
La Abogacía General del Estado (AGU), que defiende a la mandataria, asegura que el proceso debe ser anulado porque el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada, solo aceptó abrirle un juicio de destitución por “venganza” personal.
La AGU recuerda que Cunha –suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones en su contra en el megafraude a Petrobras– dio luz verde a la solicitud luego de que el gobernante Partido de los Trabajadores apoyó una investigación que le inició la Cámara baja por faltas éticas.
Brasil está paralizado por la batalla del impeachment , una recesión económica que se prevé como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras, que tiene a decenas de políticos y empresarios en la mira.
Rousseff está acusada de cometer un “crimen de responsabilidad” por maquillar el déficit fiscal con préstamos de bancos estatales durante su campaña por la reelección y en los primeros meses de su segundo mandato.
La mandataria insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y se dice víctima de un “golpe parlamentario”.
La presidenta ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno y cuenta con apenas un 10% de popularidad.
Sondeos y analistas coinciden en que hay votos suficientes para iniciar el juicio político.
Son necesarios 41 votos de un total de 81 senadores para que Rousseff abandone el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, y aguarde la sentencia final en la residencia oficial.
Si es suspendida, el vicepresidente Michel Temer, exaliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida con los votos de dos tercios del Senado, Temer finalizaría su mandato en 2018.
“Estoy cansada de los desleales y los traidores”, confesó la mandataria antes de identificar como autores de un “golpe moderno” a Temer y a Cunha.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también saltó en defensa de Rousseff tras reunirse con ella en Brasilia, y cuestionó la legitimidad del impeachment porque es impulsado por varios legisladores investigados o acusados de corrupción.
Hay un “porcentaje alto de diputados y senadores que podrían estar involucrados o indagados o acusados en temas de corrupción. Eso definitivamente genera un problema estructural de cinismo en cuanto a las decisiones que hay que tomar sobre el impeachment”, dijo Almagro en un audio colgado en su cuenta Twitter.
Un estudio de la ONG Transparencia Brasil reveló que 61% de los 81 miembros del Senado han sido condenados o acusados de delitos en algún momento.
Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2.000 millones de dólares y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados, así como las arcas de sus partidos.