Brasilia. AFP, AP y EFE. El juicio político que podría llevar a la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, puso el lunes en curso de colisión a las dos cámaras del Congreso, cuyos presidentes discrepan sobre el procedimiento seguido.
El titular del Senado, Renan Calheiros, ignoró la sorpresiva decisión del jefe interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao , quien había anulado la votación, en abril, que aprobó el impeachment .
Calheiros dijo que esa nulidad es “una broma sobre la democracia” y aceptarla implicaría un retraso en el proceso.
Así, todo apunta a que el pleno de los 81 senadores votará el miércoles a favor de iniciar el juicio político a Rousseff y apartarla del poder por 180 días mientras se tramita el caso y se llega a una sentencia definitiva.
Si es suspendida, como anticipan sondeos y expertos, el vicepresidente Michel Temer, exaliado del Gobierno y hoy su mayor enemigo, asumiría el cargo de forma interina. Y si Rousseff es finalmente destituida por dos tercios del Senado, gobernaría hasta el fin de su mandato, en el 2018.
La mandataria está en la picota pues se la acusa de maquillar cuentas por medio de violación de normas fiscales, maniobra que, según sus críticos, fue un intento artificial por mantener a flote la debilitada economía.
Choque de criterios. Maranhao, quien asumió el cargo de forma interina la semana pasada, luego de que la Corte Suprema suspendió el mandato de Eduardo Cunha , anunció su decisión de invalidar el proceso en respuesta a una petición de la Abogacía General del Estado.
De acuerdo con Maranhao, la votación del 17 de abril en que la Cámara Baja, por 357 votos de 513 posibles, decidió aprobar el juicio contra Rousseff y dejar la última decisión en manos del Senado, tiene que repetirse debido a algunos vicios de forma.
Le pidió al Senado que devuelva el proceso a la Cámara de Diputados para convocar a una nueva votación en cinco días.
“Nuestra decisión fue tomada con base en la Constitución y en nuestro reglamento para poder corregir a tiempo vicios que, con seguridad, comprometerán el proceso en el futuro” , afirmó en una declaración.
La sorpresiva decisión creó una tormenta política sobre la legalidad de la medida y sus posibles implicaciones.
Si el caso vuelve a la Cámara Baja, esta tendría cinco sesiones para efectuar otra votación sobre si se envía al Senado el proceso de juicio político contra Rousseff.
Mas el presidente del Senado, indicó que este tiene la intención de hacer caso omiso de la decisión y seguir adelante con el proceso como estaba programado.
Líderes opositores ya amenazaron con apelar la decisión ante la Corte Suprema, y observadores dijeron que el Gobierno podría hacer lo mismo si el Senado decide hacer caso omiso de la medida de Maranhao.
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, insistió el lunes en que “el Senado no puede procesar y juzgar sin autorización de la Cámara”.
“Si el acto es nulo y se proclamó su nulidad, no hay como dar seguimiento al proceso. La decisión ahora cabe a la Corte Suprema”, explicó el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de São Paulo, Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira.
Sin base jurídica. En tanto Brasil está inmerso en esta nueva controversia, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Roberto Caldas, expresaron el lunes en el Senado brasileño que el proceso contra Rousseff carece de base jurídica.
“La denuncia contra la presidenta no presenta ningún juicio de indicio de crímenes de responsabilidad y mucho menos de certezas”, sostuvo Almagro –excanciller de Uruguay–durante una audiencia celebrada en la Comisión de la Cámara Alta.
Caldas, de nacionalidad brasileña, señaló que otra irregularidad en el proceso fue que muchos diputados que evaluaron la admisión de las denuncias contra Rousseff habían manifestado su posición antes de la votación en esa instancia, lo que no podrían haber hecho ya que estaban actuando “como jueces y no como parlamentarios”.
Según Caldas, “la formación de opinión debe ser realizada después de todo el procedimiento legal de un juicio” , pero en el caso de Brasil, “el mundo jurídico internacional se asustó al ver a los parlamentarios anunciando previamente sus votos” , porque “quien anuncia votos no puede juzgar” .
Almagro, a su turno, señaló que “ un sistema presidencialista (como el brasileño) no puede actuar como si fuese un régimen parlamentario, que opera en función de los cambios de correlación de las fuerzas políticas”.
El secretario general de la OEA, que ya visitó a Rousseff hace tres semanas y manifestó su “solidaridad” a la mandataria, afirmó que “en los sistemas presidencialistas el contrato es entre el presidente electo y los votantes” y que “no se puede cambiar eso por razones políticas” .
Sostuvo además que “irrespetar los límites determinados por el sistema constitucional afecta la estructura y funcionamiento del propio sistema y distorsiona la fuerza y operacionalidad que deben tener la Constitución y las leyes” .