Montevideo. AP. Con los votos de los legisladores de la coalición de gobierno Frente Amplio, se esperaba que el Senado uruguayo aprobara ayer un proyecto de ley que regula el funcionamiento de las emisoras de radio y televisión, fija normas contra la concentración de medios por parte una misma empresa y favorece la producción de programas nacionales.
“Esta ley es una deuda que el sistema republicano tenía con la democracia”, afirmó el senador socialista Daniel Martínez en su exposición al presentar el proyecto ante sus pares.
Martínez destacó que la legislación apuesta por impedir los monopolios y favorecer la producción audiovisual uruguaya.
La ley tiene 186 artículos que definen que los medios deberán promover la diversidad cultural y la identidad nacionales. Garantiza la libre expresión de informaciones y opiniones y la independencia de los medios, además de prohibir censura previa.
El proyecto plantea la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, que sancionará a los medios e incluso revocar sus licencias según las faltas que cometan. Tendrá cinco miembros, uno elegido por el presidente y cuatro por el Parlamento.
También establece que una persona física o jurídica no puede ser titular, total o parcial, de más tres empresas de radio o televisión abierta, ni de más de seis licencias para prestar servicios de televisión por cable. A su vez, el total de suscriptores de una empresa de televisión por abono no podrá superar 25% del total de hogares que tienen ese servicio.
Según el plan, el 60% de la programación de canales y radios deberá ser de producción o coproducción nacional y 30% obra de productores independientes de la propia emisora. Los canales de televisión deberán emitir al menos dos horas de programas de ficción por estrenar semanalmente. Las radios deberán emitir un 30% de música nacional.
Se prohíbe la participación de niños en publicidades de cualquier producto perjudicial para la salud o que afecten su dignidad o “integridad psicológica o social” y comprende una cláusula “de conciencia” para los periodistas, que podrán negarse a participar en la emisión de contenidos “que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”.
A su vez, fija normas para el reparto de espacios gratuitos para los partidos políticos durante las campañas electorales. La oposición sostiene que, por afectar los derechos electorales, tales artículos sólo pueden ser aprobados por dos tercios de los votos, según indica la Constitución.
El proyecto ha padecido sucesivos cambios tras las críticas recibidas por parte de la oposición y de distintos sectores sociales y empresariales.