Lima
Perú ofrece recompensa para detener, capturar y encarcelar preventivamente al expresidente Alejandro Toledo, alguna vez paladín de la democracia y hoy acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de una obra.
A sus 70 años, Toledo está a punto de convertirse en el segundo expresidente peruano en las últimas tres décadas en ir a prisión por un caso de corrupción, siguiéndole los pasos al autócrata Alberto Fujimori, de quien fue férreo opositor a fines del año 2000.
"Hay una recompensa de 100.000 soles (unos $30.000) que se pagará en cualquier país del mundo", dijo a la prensa el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien instó a Interpol a actuar con la mayor celeridad posible.
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Sobre Toledo –quien gobernó Perú entre el 2001 y el 2006– pende una orden judicial de captura internacional dictada el jueves, acusado de recibir $20 millones a cambio de favorecer a Odebrecht con la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.
Aunque hace unos días Toledo había estado en París presentando un libro, el gobierno peruano sospecha que está en San Francisco, Estados Unidos, y pedirá a las autoridades de ese país que colaboren con su expulsión.
Toledo es profesor visitante en la universidad de Stanford (Palo Alto), a unos 50 kilómetros al sur de San Francisco.
También creen que hay riesgo de que se fugue a Israel, ya que está casado con la antropóloga franco-belga Eliane Karp, quien también goza de la nacionalidad israelí, por sus padres.
Interpol ya activó la alerta roja para detención internacional, según detalló la Presidencia del Consejo de Ministros.
Toledo integra la lista de los más buscados de Perú y, de ser capturado, deberá cumplir una orden de prisión preventiva por 18 meses, mientras duren las investigaciones o se abra un juicio.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, descartó persecución política contra el acusado, una teoría que intentó instalar la defensa, que recomendó a Toledo no volver a Perú.
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En una entrevista televisiva, hace unos días, el exgobernante negó los cargos y dijo ser víctima de persecución por combatir a Fujimori. Para el juez Richard Concepción, quien ordenó la captura y prisión preventiva por 18 meses, " Toledo vendió la carretera interoceánica por pagos de Odebrecht".
Concepción detalló que para ordenar la detención de Toledo "no se exige certeza, sino la existencia de un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se imputan".
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, gestor de la captura de Toledo, sustenta el caso en las confesiones del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien se acogió a un acuerdo con la justicia y delató al exgobernante y a su cómplice y amigo, Josef Maiman, en cuyas cuentas off shore se depositó el dinero.
De acuerdo con el fiscal, el pedido inicial de Toledo era de 35 millones de dólares, pero la empresa finalmente le pagó $20 millones porque, si bien ganó la licitación, el gobierno no cumplió con modificar las bases del concurso para perjudicar a sus competidores.
Según explicó Castro, el soborno se pagó en 18 partes, desde junio de 2006 hasta junio de 2010, incluso cuando Toledo ya había dejado el cargo.
El dinero fue depositado en la cuenta de una empresa offshore, Ecoteva, conformada por Maiman y la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en Costa Rica. Desde allí se hicieron transferencias para el pago de hipotecas y propiedades en Perú, según la Fiscalía.
Ecoteva ya era investigada por la justicia hace varios años, pero no se había logrado determinar de dónde obtuvo el dinero. Con la confesión de Odebrecht, el círculo se cierra.
Toledo admitió que su amigo Maiman le prestó el dinero para los inmuebles, sin saber su origen, aunque en una primera versión aseguró que los fondos vinieron de un préstamo de su suegra, judío-belga, por una indemnización tras el holocausto nazi, afirmación que fue desmentida.
Odebrecht, que reconoció el pago de coimas en Brasil y Latinoamérica a cambio de obras públicas en el caso conocido como Lava Jato (lavadero de autos), reconoce que pagó $29 millones en Perú ilegalmente entre 2005-2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Hasta ahora hay tres exfuncionarios del gobierno de García en prisión por supuestamente aceptar un soborno de $7 millones a cambio de favorecer a Odebrecht con la obra de la Línea 1 del Metro de Lima.
Por su parte Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes cuentan con restricciones para salir del país, ya son investigados por lavado de activos por supuestamente financiar su campaña electoral con dinero procedente de Venezuela y de Brasil. Según documentos de la Policía Federal de Brasil, Odebrecht entregó $3 millones para la campaña de Humala.