Jerusalén. EFE. Palestina se convirtió ayer en miembro oficial de la Corte Penal Internacional (CPI), en un histórico paso que parte de su estrategia de llevar el conflicto con Israel en la arena internacional y de hallar un escudo protector.
“El Estado de Palestina ha decidido seguir un enfoque de internacionalización para lograr los derechos inalienables del pueblo palestino y terminar con décadas de colonización, despojo, desplazamiento forzado y masacres”, manifestó una nota difundida por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) .
Esa incorporación lo sitúa al nivel de otros 122 Estados en el sistema internacional y abre la puerta que permite a ese tribunal juzgar crímenes de guerra, contra la humanidad o de agresión cometidos en los territorios palestinos ocupados, además de contar con la baza de poder referir situaciones determinadas a la atención de la Corte.
“La adhesión a un tratado es, por supuesto, solo el primer paso. La entrada en vigor hoy del Estatuto de Roma para Palestina supone que Palestina adquiere todos los derechos, así como las responsabilidades que conlleva ser un Estado parte en el Estatuto”, dijo la jueza y vicepresidenta segunda de la Corte, Kuniko Ozaki.
Solución externa. Con el enésimo fracaso de las negociaciones con Israel, auspiciadas por EE. UU., en abril pasado, y ante la imposibilidad de acordar una base común para abordar el fin del conflicto, los palestinos volcaron sus esfuerzos en la búsqueda de una solución fuera de Oriente Medio y apostaron por reforzar la internacionalización de la disputa mediante la adhesión a tratados y organizaciones multilaterales.
La adhesión a la CPI fue su último envite, y quizás el más importante, en la ruta iniciada en el 2011 con la solicitud de pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y después de firmar otros 40 tratados y convenciones.
Además de adherirse, los palestinos se acogieron al artículo 12.3 para reivindicar la jurisdicción retroactiva de la Corte desde el 13 de junio de 2014, inicio de una gran campaña militar israelí tras la desaparición de tres adolescentes judíos en Cisjordania.
Esta operación desembocó en la mayor ofensiva militar contra Gaza desde 1967 y se saldó con la muerte de más de 2.200 palestinos y 70 israelíes, así como con más de 11.000 heridos y una gran devastación de infraestructuras y viviendas en la franja, que ahora la Corte podría investigar.
Los palestinos esperarán ver cómo avanza el examen preliminar abierto hace menos de tres meses por la fiscal Fatou Bensouda, sobre posibles violaciones o crímenes de guerra cometidos por Israel desde junio en los territorios palestinos ocupados.
Funcionarios palestinos afirman que, a partir de ahora, se mandarán documentos que han sido recopilados y que aportarían pruebas sobre casos susceptibles de examen judicial.
La jurisdicción del Tribunal es extensible a cualquier posible crimen de guerra cometido en los territorios palestinos ocupados desde 1967, y por tanto convierte a Israel en el principal blanco de las investigaciones como potencia ocupante, a pesar de que este país no es firmante del Estatuto de Roma ni miembro de la CPI.
Según las bases fundamentales de la CPI, este tribunal busca “acabar con la impunidad de los perpetradores de esos crímenes (de guerra, contra la humanidad, genocidio y agresión) y por lo tanto contribuir a la prevención de estos crímenes”, encontrando responsables a individuos y no estados.
El ingreso a la CPI representa para los palestinos un arma de doble filo, porque quedarán expuestos también a la jurisdicción de ese tribunal.
Tal es el caso de los ataques con cohetes contra territorio israelí, calificado la semana pasada como “crimen de guerra” por Amnistía Internacional , que alegó que Hamás y la Yihad pusieron en peligro a la población civil israelí y a la palestina.
En medio del optimismo palestino por esta adhesión, que esperan que sirva como un escudo protector frente a las violaciones de Israel de sus obligaciones como potencia ocupante, los analistas coinciden en señalar que cualquier causa en la CPI puede llevar años por lo que no hay que esperar drásticos desarrollos a corto plazo.
Por su parte, Israel reaccionó ante la adhesión de Palestina a la CPI, calificando la decisión de “política y cínica”, según un comunicado de la Cancillería.
“La decisión palestina de adherirse a la CPI para iniciar procedimientos judiciales contra Israel es política, cínica e hipócrita”, sostuvo.
“Las acciones unilaterales palestinas, con la adhesión al CPI a la cabeza, son violaciones de principios establecidos entre las dos partes con el apoyo de la comunidad internacional para solucionar el conflicto”.