Sittwe
El Gobierno de Birmania le dio, a alrededor de un millón de integrantes del pueblo rohingya, dos opciones desalentadoras: probar que su familia ha vivido en el país por más de 60 años (para calificar a una ciudadanía de segunda clase) o ser colocados en campamentos y enfrentar la deportación.
La política, acompañada por una ola de decretos y legislación, ha hecho la vida de los rohingya, una minoría musulmana perseguida, aún más desesperada, provocando el mayor flujo de refugiados rohingya desde un importante éxodo hace dos años.
En las últimas semanas, 14.500 rohingya han navegado desde las playas del estado de Rakhine hacia Tailandia, con el objetivo final de llegar a Malasia, según el Proyecto Arakan, un grupo que monitorea a los refugiados rohingya.
La crisis se ha vuelto un motivo de bochorno para la Casa Blanca antes de una visita programada del Presidente Barack Obama a Birmania. El Gobierno estadounidense considera a Birmania una historia de éxito de la política exterior en Asia, pero le preocupa que el renovado conflicto entre extremistas budistas, a quienes el gobierno da mano libre, y los rohingya pudiera hacer descarrilar la ya agitada transición del régimen militar a la reforma democrática.
Obama llamó al Presidente Thein Sein de Birmania recientemente, instándolo a hacer frente a las "tensiones y la situación humanitaria en el estado de Rakhine", informó la Casa Blanca.
Los rohingya han enfrentado la discriminación durante décadas. Se les ha negado la ciudadanía y han sido desahuciados de sus casas, sus terrenos han sido confiscados, y han sido atacados por los militares. Después de uno de esos ataques en 1978, unas 200.000 personas huyeron a Bangladesh.
El estallido más reciente empezó con un brote de motines sectarios en 2012, en el cual cientos de rohingya fueron asesinados y docenas de sus aldeas quemadas totalmente por budistas radicales. Desde entonces, cerca de 100.000 han huido del país, y más de 100.000 han sido confinados a seórdidos campamentos, y tinen prohibido salir.
Conforme las tensiones en los campamentos se han deteriorado, ha crecido la presión internacional sobre el Gobierno para encontrar una solución humanitaria. En vez de ello, el Gobierno parece estar acelerando una estrategia que grupos defensores de los derechos humanos han descrito como de limpieza étnica.
Para muchos rohingya, la nueva política, llamada Plan de Acción para Rakhine, representa una especie de humillación final, dijo Mohamed Saeed, un organizador comunitario en un campamento a orillas de Sittwe, la capital del estado de Rakhine.
"La gente realmente le tiene miedo a este plan", dijo. "Nuestra comunidad está recibiendo cada vez menos. Ahí es donde nos quieren: fuera".
Muchos rohingya vinieron a Birmania en el siglo XIX cuando los británicos gobernaban todo lo que ahora es India, Bangladesh y Birmania, pero la demanda del Gobierno de una prueba de residencia desde 1948 es demasiado onerosa para muchos, quienes no tienen los documentos o no cumplen con el requisito de seis décadas, dicen activistas de derechos humanos.
Quienes puedan probar su residencia califican solo para la ciudadanía de naturalización, que conlleva menos derechos que la ciudadanía plena y puede ser revocada. Además, serían clasificados como "bengalíes", en vez de rohingya, sugiriendo que son inmigrantes de Bangladesh y dejando abierta la posibilidad de la deportación.
Según el plan, aquellos rohingya que no puedan cumplir los estándares para la ciudadanía por naturalización o se nieguen a aceptar la designación de bengalíes serían colocados en campamentos antes de ser deportados.