México
México anunció el martes una estrategia nacional para combatir el secuestro, un delito que ha ido a la alza pese a varios intentos de gobiernos anteriores para contenerlo y que hoy alcanza según las propias autoridades tintes de una emergencia nacional.
El nuevo plan del gobierno federal establece la creación de una coordinación nacional antisecuestro que tendrá la función de establecer estrategias vinculantes con autoridades de todo el país y que en principio dará prioridad a 10 de los 31 estados del país que concentran el 74% de los plagios reportados.
La estrategia apunta a combatir uno de los delitos que ha empañado los intentos del presidente Enrique Peña Nieto por combatir la inseguridad y la violencia en México, un país marcado en la primera década del siglo XXI por diversas acciones cruentas de carteles de las drogas.
A poco más de un año de haber asumido el poder, el gobierno de Peña Nieto ha destacado una reducción de los homicidios, pero ha tenido problemas para contener delitos como el secuestro y la extorsión.
Las cifras oficiales señalan que en el todo 2013 se presentaron 1.695 denuncias de secuestro, un incremento de 20% respecto al 2012 cuando alcanzaron 1.407, aunque las propias autoridades reconocen que la cifra negra de casos no denunciados supera el 90%.
El Instituto Nacional de Estadística estimó en setiembre pasado que el número de casos reales podría superar los 105.000.
“El secuestro es el delito que más lastima a las familias y con ello a la sociedad, pues el daño a la integridad física, emocional y patrimonial de sus víctimas, en la gran mayoría de los casos, es irreparable”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable del área de seguridad del gobierno federal.
Como titular de la coordinación nacional fue nombrado Renato Sales, hasta ahora subprocurador de la Procuraduría General de la República, quien durante el anuncio del nuevo plan admitió que ese delito ha llegado a un grado alarmante y dijo que en principio se hará una evaluación de las unidades antisecuestro que existen en los estados del país.
Sales dijo que se trabajará para atender con rapidez con eficacia la emergencia humana que entraña este delito.
Junto a la aplicación de esfuerzos de manera dispersa, las autoridades federales explican el incremento en los secuestros a los golpes dados a los carteles del narcotráfico que al ver reducido su margen de maniobra aumentan su participación en otras actividades criminales como el plagio y la extorsión.
Añadió que uno de los retos es generar confianza entre la gente para que denuncie un delito en el que es común que estén involucrados policías. Sales dijo que se mantendrá una evaluación permanente del personal que participe en el combate a los plagios.
La estrategia dará prioridad inicial a los estados de Morelos, Guerrero, Zacatecas, Estado de México, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz y Oaxaca, los cuales según el gobierno concentran el 74% de la incidencia del secuestro.
La mayoría de esos estados son lugares que en los últimos años se han visto afectados por la violencia del narcotráfico, que ha provocado alertas incluso fuera del país.
Salvo Oaxaca y Tabasco, los otros ocho estados en los que se enfocará la estrategia están mencionados en advertencias de viaje del Departamento de Estado estadounidense como lugares en los que se debe tener cuidado o simplemente evitar recorrer algunas zonas.
Solo entre abril y noviembre del 2013 se reportó el secuestro de 90 estadounidenses en México, según el Departamento de Estado.
Como parte de la nueva estrategia se creó un comité de evaluación, el cual incluirá a representantes del gobierno y cuatro de la sociedad civil, entre quienes se encuentran activistas contra el plagio que han padecido ellos mismo el secuestro de algún ser querido y que confiaron que ahora sí funcione el plan para inhibir el delito.
“Ya no tenemos tiempo para un fracaso más”, dijo Alejandro Martí, quien será parte del comité y quien sufrió en 2008 el secuestro y posterior asesinato de su hijo Fernando, de 14 años.
Para Edna Jaime, directora del centro de análisis de políticas públicas “México Evalúa”, la estrategia llega con un año de retraso.
Consideró que debió ponerse en marcha desde la llegada al poder de Peña Nieto (en diciembre del 2012), cuando ya se tenía claro que el secuestro iba al alza.
“Pensaron que a lo mejor era un tema de manejo de medios, de un despliegue de fuerzas federales en las regiones conflictivas y que eso iba de alguna manera a mitigar el fenómeno”, comentó la analista.