Caracas
La Iglesia católica pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "retirar" su convocatoria a una Asamblea Constituyente, según una carta dirigida al mandatario, difundida este lunes.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que el pasado viernes consideró al gobierno de Maduro como una "dictadura", incluyó el pedido en una serie de planteamientos para resolver la crisis política.
Para los obispos, quienes celebran su asamblea anual, es "urgente" que Maduro deponga la Constituyente si quiere resolver la escasez de alimentos y medicinas, los problemas de inseguridad y "devolverle" al país la institucionalidad democrática.
En tal sentido, la CEV también solicita al gobernante "reconocer la autonomía de todos los poderes públicos", entre ellos el Parlamento, de mayoría opositora, y la Fiscalía General, cuya titular, Luisa Ortega, enfrenta un proceso de destitución tras romper con Maduro y abrir una brecha en el chavismo.
La otra recomendación es "asumir e implementar los acuerdos" de un diálogo emprendido el año pasado por gobierno y oposición con acompañamiento del Vaticano, suspendido en diciembre tras acusaciones mutuas de incumplimiento.
El viernes, cuando se instaló la reunión de los prelados, el presidente de la CEV, Diego Padrón, advirtió de que la elección de la Asamblea Constituyente, el 30 de julio, consolidará "una dictadura militar, socialista, marxista y comunista".
Instalaciones de las iglesias católicas -excepto los templos- serán utilizadas en un plebiscito simbólico que prevé realizar la oposición el domingo para rechazar el proyecto de Maduro, entre protestas que dejan 92 muertos desde que se iniciaron el 1.° de abril.
La dirigencia opositora ha anunciado que arreciará sus movilizaciones para "impedir" la Constituyente, que consideran un "fraude" de Maduro para atornillarse en el poder.
El presidente y altos funcionarios acusan reiteradamente a la cúpula eclesiástica de actuar como un "partido político" opositor e ignorar llamados a diálogo del papa Francisco.
Sin embargo, el texto, fechado el sábado, subrayó que el Pontífice sigue "con gran preocupación" la situación venezolana y ha dirigido a los arzobispos y obispos "palabras de solidaridad".
Coronel imputado. En otro frente de la crisis venezolana, la Fiscalía imputó por presunta violación de derechos humanos al jefe militar responsable de la seguridad de la Asamblea Nacional, luego de que partidarios del gobierno hirieron a siete diputados opositores en la sede del Poder Legislativo.
El coronel Bladimir Lugo fue citado para el jueves, señalado por haber "agredido físicamente" a "diputados y otros ciudadanos", informó la Fiscalía en un boletín.
También citó a dos empresarios cercanos al gobierno por supuestos "sobreprecios" en la compra de suministros para la firma estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).
El 5 de julio, día de la independencia nacional, un centenar de chavistas irrumpió en Parlamento -de mayoría opositora- y agredió con objetos contundentes a los asambleístas.
Tras ese ataque, decenas de personas mantuvieron el edificio bajo asedio durante nueve horas.
El 28 de junio, Lugo protagonizó otro incidente al sacar a empujones de una oficina de la Asamblea Nacional a su presidente, el opositor Julio Borges, en una discusión que comenzó cuando militares introducían unas cajas en el edificio. Maduro lo condecoró al día siguiente.
Lugo es el tercer militar que la Fiscalía acusa por supuestos atropellos a los derechos humanos.
A finales de junio fueron citados a declarar por esos cargos los generales Antonio Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional, y Gustavo González López, director del servicio de inteligencia.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir a Maduro- anuló las citaciones.