La Habana. AP, AFP, EFE El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC superaron el miércoles uno de los mayores obstáculos para lograr un acuerdo de paz al llegar a una fórmula para indemnizar a las víctimas, y castigar a los rebeldes y militares que hayan cometido delitos contra los derechos humanos.
El anuncio lo hicieron el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko. El acuerdo prepara el terreno para poner fin al conflicto bélico de más de 50 años.
“Vamos a lograr el máximo de justicia para las víctimas y no habrá impunidad”, dijo Santos. “Con Timochenko hemos acordado que a más tardar en seis meses concluirá esta negociación”.
“Hoy es un día histórico para mi país: ya es un hecho el cese del conflicto armado”, escribió en su Twitter el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez.
En Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se refirió al anuncio como un “avance histórico hacia un acuerdo final de paz”.
Amnistía. Según el acuerdo, los rebeldes que confiesen sus crímenes, indemnicen a las víctimas y prometan no tomar de nuevo las armas, recibirán hasta ocho años de cárcel en áreas especiales que todavía deben ser determinadas.
El acuerdo incluye la creación de una comisión de la verdad que investigue los delitos cometidos, una jurisdicción especial para la paz, que indagará estos delitos y sancionará a sus responsables. No habrá amnistía para los autores de delitos de lesa humanidad.
El proceso judicial pactado entre las partes estará basado en el reconocimiento de la verdad y de los delitos cometidos. Quienes reconozcan delitos muy graves serán condenados a un mínimo de cinco años y a un máximo de ocho años de restricción de la libertad en condiciones especiales.
Quienes se nieguen a admitir delitos y resulten culpables podrán pasar hasta 20 años de cárcel, en condiciones ordinarias.
“Nos complace anunciar que esta jurisdicción para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes”, manifestó el líder de las FARC.
Santos expresó, por su parte: “Vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos”.
El anuncio se hizo en La Habana, donde representantes del Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sostenido negociaciones desde hace casi tres años para tratar de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.
Justicia aparte. El acuerdo plantea la creación de tres salas de justicia y un tribunal de paz, con cuatro secciones, que no dependerá del Poder Judicial. En dicho tribunal participarán jueces colombianos y extranjeros.
Como respuesta a este acuerdo, la Fiscalía de Colombia suspendió las imputaciones contra 50 miembros de la cúpula de las FARC por “graves violaciones a los derechos humanos”, según anunció el fiscal general, Eduardo Montealegre.