Brasilia. EFE. El nuevo gobierno de Brasil del presidente interino, Michel Temer, anunció el viernes un corte de gastos públicos y una auditoría de los programas de asistencia a los pobres, como primeras medidas para sacar al país de la crisis.
Las medidas más duras, dentro del “importante” plan de ajuste que prepara el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, tendrán que esperar a que se conozca el estado real de las cuentas que dejó Dilma Rousseff, suspendida el jueves precisamente bajo la acusación de haber realizado maniobras contables irregulares para maquillar el déficit fiscal.
La falta de anuncios de mayor calado desagradó al mercado y la bolsa de Sao Paulo reaccionó con un abultado descenso del 3,25 % a dos horas del cierre.
El conocimiento de los datos precisos, según Meirelles, es esencial para fijar unas metas “realistas” con las cuales ofrecer la seguridad y la “confianza” que los actores económicos han perdido por la crisis.
La prioridad de la administración de Temer será reducir el déficit fiscal y recortar la deuda pública que, según el jefe del equipo económico del Gobierno, es “insostenible”.
El déficit fiscal primario, antes del pago de intereses de la deuda, fue equivalente al 2,28% del producto interior bruto (PIB) en los últimos doce meses cerrados en marzo, el peor dato desde que se comenzaron a elaborar estadísticas en 1997.
Teniendo en cuenta el pago de los intereses, el déficit fiscal escala al 9,73% del PIB en los últimos doce meses y la deuda pública se sitúa en el 38,9% del PIB, según los datos oficiales.
Meirelles prometió que se dará prisa, pero aseguró que solo anunciará sus propuestas cuando haya garantías de que se puedan implementar, para evitar los vaivenes que se produjeron los dos últimos años, cuando la guerra abierta entre Rousseff y el Congreso impidió aplicar el plan de austeridad que se proponía la mandataria.
Fue optimista, aseguró que el Congreso está listo para oír una evaluación realista y tomar las medidas necesarias.
No obstante, el nuevo ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, no dudó en calificar la situación actual como “la peor crisis de la historia” de Brasil, una situación “de emergencia”.
La primera decisión anunciada el viernes fue la eliminación de al menos 4.000 empleos públicos hasta el próximo 31 de diciembre, lo que puede suponer el despido del 25% de la planilla de cada ministerio.
El objetivo de esta propuesta es cortar gastos y mejorar la eficiencia del Estado, dos de las prioridades que se fijó Temer en el discurso que pronunció el jueves, al asumir la Presidencia.
Menos ministerios. La primera parte de la reestructuración se inició con la decisión de Temer de reducir el número de ministerios de 31 a 23.
Meirelles, aunque se negó a entrar en detalles, admitió que baraja establecer un techo para el gasto público y no descartó la posibilidad de crear nuevos impuestos, aunque aseguró que serían temporales mientras se corrige el problema del déficit.
En un futuro, el propósito del Gobierno es bajar los impuestos para incentivar el crecimiento de la economía, que actualmente atraviesa la recesión más profunda en siete décadas.
La economía brasileña se hundió 3,8 % el año pasado y, según diversas proyecciones, el varapalo del PIB puede ser similar este año y rondar una caída del 3,5%.
En el largo plazo, el Gobierno también se propone acometer una reforma del sistema de seguridad social, algo que Meirelles llamó necesidad evidente.
En Brasil no hay edad mínima de jubilación y, según cálculos oficiales, el gasto con pensiones puede duplicarse y llegar al 24% del PIB en el 2040.
Más inmediata será la revisión de los programas de asistencia social, que pasarán por una “auditoría” a pesar de que Temer ha recalcado que no pretende eliminarlos.
El ministro de Planificación, Romero Jucá, calculó que entre el 30% y el 40% de los beneficiarios de los programas sociales no cumple los requisitos exigidos por ley y debería de dejar de recibir los subsidios que ahora se pagan a cerca de 46 millones de personas.