Caracas. AP. El Ministerio Público venezolano citó a la exdiputada María Corina Machado y a otros opositores en el marco de una investigación sobre un supuesto plan de golpe de Estado y magnicidio que denunciaron los oficialistas.
La Fiscalía evalúa a su vez pedir apoyo a gobiernos extranjeros para investigar a altos funcionarios que estarían implicados en el caso, anunció ayer la encargada de esa dependencia.
La fiscala general, Luisa Ortega Díaz, dijo que el Ministerio Público inició una investigación sobre el presunto complot que denunció el chavismo y agregó que como parte de ese proceso “ya fueron libradas las órdenes para hacer comparecer a un conjunto de ciudadanos, entre ellos Pedro Burelli, María Corina Machado, Diego Arria y Ricardo Koesling”, entre otros.
Ortega no precisó bajo qué condición fueron citados los opositores y solo indicó que deberán comparecer a partir del próximo lunes.
Machado cuestionó ayer unos recientes comentarios que hizo el presidente Nicolás Maduro en su contra. “Me llamó asesina, me sentencia sin una sola prueba y sin defensa y sin juicio”.
La opositora aseguró, en su cuenta de Twitter, que ha recibido amenazas contra su vida y la de sus familiares, y responsabilizó al gobernante por poner en riesgo a su familia. “Maduro me ha difamado, expuesto al escarnio público e incitado al odio contra mí y mi familia”, agregó la exlegisladora.
José Amalio Graterol, uno de los abogados de Machado, dijo en entrevista telefónica que los apoderados legales de la opositora acudieron el miércoles a la sede de la Fiscalía General para retirar la citación, pero que les informaron de que las órdenes de comparecencia serán entregadas en las próximas horas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –la policía política–. Graterol indicó que se desconoce si Machado será citada en calidad de testigo o imputada.
Machado presentó la semana pasada en el Ministerio Público una denuncia contra el llamado “alto mando político” del gobierno por los supuestos delitos de “simulación de hecho punible, difamación e injuria, falsificación de documentos, espionaje informático, instigación pública, violación a las libertades políticas, y asociación para delinquir”.
La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobó en marzo una moción de urgencia en la que se establecía que Machado perdió “automáticamente” su investidura parlamentaria al ejercer como embajadora provisional de Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA, y que no hacía falta cumplir los requisitos constitucionales para allanarle la inmunidad. La decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Ortega Díaz expresó, en una entrevista en el canal privado Venevisión, que los fiscales han detectado que “altos funcionarios de países extranjeros” podrían estar comprometidos en el caso y es por ello que están revisando la posibilidad de solicitar información a algunos países por medio de la figura de la “rogatoria”, un mecanismo de asistencia entre los gobierno en materia penal.