Buenos Aires. AFP. Un fiscal argentino denunció ayer a la presidenta Cristina Fernández y su canciller, Héctor Timerman, por un supuesto plan para encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.
La denuncia, de 300 páginas, planteada por el fiscal Alberto Nisman, constituye el último de una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios gubernamentales con la Justicia.
Nisman pidió la declaración indagatoria y el embargo preventivo de bienes por la suma de 200 millones de pesos (unos $23 millones) de Fernández, de Timerman, del diputado oficialista Andrés Larroque y de personal de la Secretaría de Inteligencia, por “acordar la impunidad de Irán” en este caso.
Cautela. La denuncia fue recibida con cautela por grupos de la comunidad judía y calificada como algo “ridículo” por el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández.
El fiscal de la causa AMIA presentó el caso al considerar que en el 2011 se empezó a “negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía”, según se lee en el documento.
De acuerdo con la denuncia de Nisman, enviada al juzgado federal del magistrado Ariel Lijo, el gobierno de la presidenta Fernández ideó un “sofisticado plan delictivo” destinado a favorecer a Irán y desvincular a los sospechosos, quienes son buscados por la Justicia argentina.
Memorando. El fiscal calificó de “maniobra” la estrategia del gobierno que llevó a firmar en el 2013 un memorando de entendimiento con Teherán con la participación del canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque y el dirigente comunal oficialista Luis D’Elía.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó su “conmoción y sorpresa” por esta denuncia contra el gobierno y convocó hoy a reunión extraordinaria.
“Hemos recibido con honda preocupación esta noticia. Para la DAIA, la causa AMIA es una cuestión de Estado”, dijo su titular, Julio Schlosser.
Sergio Bursten, viudo de una las víctimas del atentado de 1994, opinó que el fiscal se prestó para una “operación política” e indicó que la denuncia era: “Meter información adentro de la licuadora, batirla, tirar todo para arriba, faltándole el respeto a las víctimas y a la investigación”.
Otros líderes de la comunidad no quisieron opinar sobre la denuncia que acusa al gobierno de decidir, negociar y organizar “la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA, para fabricar la inocencia de Irán”.
Fernández, el secretario de la Presidencia, recordó que “la presidenta tiene la potestad de firmar tratados y el Congreso debe aprobarlos. Es un sinsentido lo que está sucediendo. ¿Por qué no llamó a indagatoria a todos los senadores y diputados que lo votamos?”, se preguntó el exsenador, en referencia al acuerdo.
El 18 de julio se conmemoraron 20 años del ataque en pleno centro de Buenos Aires. Fernández no ha asistido a los actos de aniversario desde el 2011.
Relación fría. La firma del memorándum de entendimiento con Irán – denunciado como inconstitucional por la AMIA y otras organizaciones judías– tensó las relaciones entre el gobierno y esta comunidad de 300.000 miembros, la mayor de América Latina.
La administración ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque.
Cinco exfuncionarios iraníes, incluido un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a pedido de la Justicia argentina.
Desde marzo del 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Ménem (1989-1999) acusado de “encubrimiento agravado” de la llamada “conexión local”, que dio la logística para perpetrar el atentado.