Brasilia
José Eduardo Cardozo fue ministro de Justicia, diputado y concejal. Pero este año volvió a la abogacía para ocuparse de un caso que califica de "complejo": defender a la presidenta Dilma Rousseff en el proceso de impeachment.
El juicio comenzará el jueves 25 de agosto y pocos días después el Senado votará si Rousseff, suspendida en mayo, continúa en su cargo o lo pierde.
La debacle de su gobierno, en medio de una crisis económica, señales de agotamiento de la izquierda tras cuatro mandatos consecutivos y un monumental escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras alimentaron un movimiento en el Congreso para terminar con su mandato.
Y devolvieron a Cardozo a su primer trabajo.
A sus 57 años, prepara el caso en un departamento de Brasilia que tiene la mesa cubierta de voluminosos libros de derecho. Allí recibió a la AFP tras reunirse con Rousseff para discutir el alegato que la propia presidenta dará ante el Senado.
-- ¿Cuál será el fundamento de su defensa?
-- Es evidente que este proceso, si hubiera un juzgamiento racional y equilibrado, ya estaría extinto. No hay pruebas de que haya habido un delito de responsabilidad (que alcanzan solo a funcionarios públicos), son pretextos que utilizan para destituirla. A nosotros nos cabe mostrar eso a la comunidad brasileña e internacional para se entienda lo que está pasando en Brasil hoy: la destitución de una presidenta legítimamente electa a través de medios ilegítimos.
-- ¿Qué parte le tocará a la presidenta Rousseff?
-- Va a testificar como autoridad denunciada. Hará una primera evaluación sobre cómo ve este proceso, a la democracia brasileña y a las inconsistencias que existen en las denuncias. Luego responderá preguntas de los senadores.
"Independientemente del tenor de las preguntas, de si sean agresivas o no, la presidenta Rousseff se va a comportar como la jefa de Estado, a la altura de su papel histórico".
--¿Espera que ahora los aspectos jurídicos tengan más peso en el proceso?
-- El impeachment es jurídico-político y la apreciación política exige la existencia de ciertos presupuestos jurídicos, porque si es puramente político, como está siendo, habrá una ruptura institucional, un gobierno que nace ilegítimo, una democracia violentada. Es fundamental que el discurso político se coloque en la perspectiva de demostrar la falta de pruebas de las acusaciones.
-- ¿Recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia?
-- Si hay una lesión al derecho subjetivo de la presidenta de ejercer su mandato, una vez comprobado ese ilícito, el Poder Judicial puede intervenir. No descartamos la posibilidad de acudir al Poder Judicial en cualquier momento, incluso después de la votación. La Corte puede anular todo este proceso y de hecho ya debería haberlo anulado porque hay muchas irregularidades.