La Habana. AFP. El Parlamento de Cuba pretende aprobar hoy una nueva Ley de Inversión Extranjera para atraer capitales y elevar el crecimiento económico, en medio del fantasma de una recesión por la crisis en Venezuela y el eterno peso del embargo de EE. UU.
La nueva ley, un paso importante en las reformas del presidente Raúl Castro para lograr el despegue económico, da prioridad a las inversiones extranjeras, garantiza que no serán expropiadas y las exime de impuestos durante ocho años.
“La jornada del viernes fue la primera que los diputados dedicaron a la discusión del proyecto de ley que será votado hoy”, dijo el diario oficial Granma .
Se da por descontado que en su primera sesión extraordinaria en cuatro años, el Parlamento aprobará esta ley que sustituye a una dictada en 1995 por Fidel Castro, en la peor fase de la crisis económica sobrevenida en Cuba tras el colapso de la Unión Soviética.
A fondo. La ley autoriza las inversiones de cubanos emigrados, al permitir invertir a toda “persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero”.
Además, busca potenciar el crecimiento, que en los últimos cinco años ha estado por debajo de los planes a pesar de las reformas. La economía cubana creció apenas 2,7% en 2013 y la meta planteada era 3,6%.
“Hay varias explicaciones para el fracaso de las reformas en alcanzar las metas de crecimiento, pero una de las más significativas es el incumplimiento de los planes de inversiones”, manifestó el economista cubano Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
El texto de la ley aún no ha sido publicado, pero mantiene los tres tipos de inversiones de 1995: empresas mixtas con el Estado, asociaciones internacionales y empresas de capital totalmente extranjero.
La norma exime a los inversionistas del impuesto sobre utilidades durante ocho años. Después pagarán el 15%, la mitad que lo que se establece ahora, pero seguirán liberados si reinvierten sus ganancias en la isla.
Las inversiones estarán abiertas a todos los sectores, excepto salud, educación y defensa, y el gobierno espera que se destinen a la agricultura y a la zona franca del nuevo megapuerto de Mariel.
Las limitaciones de la ley, según analistas, son que impide contratar trabajadores en forma directa, pues las empresas deberán hacerlo a través de una entidad empleadora cubana, tal como ahora.
Además, margina a los florecientes negocios privados cubanos, pues toda sociedad deberá hacerse con entes estatales.