París. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, suscitó un clamor de indignación el jueves entre los medios de comunicación al manifestar que los periodistas que deseen cubrir manifestaciones deben decirlo previamente a las autoridades.
Darmanin dijo en una conferencia de prensa el miércoles que esos avisos previos podrían “evitar confusiones” si la policía se viera obligada a tomar medidas contra los manifestantes indisciplinados.
Pero los sindicatos de periodistas respondieron que podría dar luz verde a la policía para impedir que la prensa haga su trabajo y documentar potencialmente los abusos de las fuerzas de seguridad.
La declaración del ministro alimentó las tensiones entre el Gobierno y la prensa, que denuncia un proyecto de ley sobre seguridad, objeto de debate en estos momentos en el Parlamento.
La iniciativa tipificaría como delito la publicación de imágenes de policías con la intención de dañar su “integridad física o psicológica”. Los medios consideran esto como una traba al derecho a informar.
Miles de manifestantes protestaron el martes en varias ciudades francesas contra esta "ley liberticida" y en París unas 30 personas fueron detenidas. Un periodista de la televisión pública France 3 que estaba filmando los arrestos pasó 12 horas en custodia policial.
Interrogado por periodistas sobre este arresto, Darmanin expresó el miércoles que los periodistas “deben acercarse a las autoridades” antes de las manifestaciones que quieren cubrir para poder “informar sobre ellas” y “hacer (su) trabajo” mientras están “protegidos por la policía”.
Estas declaraciones provocaron la indignación de la prensa. Muchos periodistas le respondieron, en Twitter, que la cobertura de manifestaciones en la vía pública era libre y no podía condicionarse a la "acreditación" de la policía.
Darmanin dio marcha atrás poco después e indicó que no se trataba de una “obligación”.
La nueva “ley de seguridad global” prevé medidas para responder a demandas de los sindicatos de policía, que se quejan de amenazas y agresiones cada vez más frecuentes.
La disposición más controvertida es un artículo que pretende penalizar con un año de prisión y una multa de 45.000 euros (unos $53.000), la difusión de “imágenes del rostro o cualquier otro elemento que permita identificar” a un agente en intervención cuando el objetivo sea “perjudicar su integridad física o psicológica”.
Los sindicatos de periodistas denuncian una medida que se aplicaría no solo a los medios de comunicación, sino a cualquier ciudadano que fotografíe o filme una operación policial.