Santiago
Casi tres décadas después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet, las Fuerzas Armadas chilenas siguen manteniendo sus privilegios, entre éstos el que les otorga el 10% de la venta del cobre, equivalente a más de 20.400 millones de dólares, desde 1990.
El aura de intocables que les otorgó Pinochet se ha empezado a resquebrajar con sonados casos de corrupción, empañando la imagen de probidad que de ellas tenían políticos y población.
Primero, el llamado 'Milicogate' –que investiga desde hace año y medio a una red de uniformados y civiles por apropiación indebida de parte de los millonarios fondos del cobre- y luego el destape del 'Pacogate', que reveló en octubre pasado el mayor fraude en la historia de la Policía chilena con más de 100 implicados.
En las últimas semanas, las críticas arreciaron tras la revelación de las millonarias pensiones de invalidez que reciben exmiembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos, el hijo mayor de Pinochet, quien cobra desde hace 40 años una pensión de invalidez de 1.400 dólares mensuales, pese a que trabajó solo 8 años en el ejército.
"Es tiempo de que nuestra democracia demuestre su robustez y termine con estos enclaves antidemocráticos" que se mantienen aún como herencia de la dictadura, denunció a la AFP el diputado socialista Leonardo Soto, expresidente de una comisión en el Congreso que investigó irregularidades en las Fuerzas Armadas chilenas.
Las Fuerzas Armadas gobernaron Chile con mano de hierro por 17 años (1973-1990) en los que hubo más de 3.200 muertos y desaparecidos. Pinochet permaneció otros ocho años al frente del Ejército chileno, y una vez que dejó el cargo, estuvo otros tres años más como senador vitalicio, amenazando varias veces con sacar de nuevo a los militares a las calles.
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En esos primeros años de la democracia "implícitamente existió una actitud de los gobernantes de la época de 'dejar tranquilas' a las FFAA", en una política que "ya debería terminar", dice Soto.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia ciudadana, que hace malabares para llegar a fin de mes, en particular los jubilados, han sido las informaciones sobre el privilegiado sistema de pensiones de los militares, que también gozan de un excelente sistema de salud particular proporcionado por el Estado.
Sus pensiones promedio son siete veces más altas que las del resto de los chilenos. La reforma que llevó a cabo Pinochet en 1981, que privatizó las pensiones instaurando un sistema pionero de capitalización individual, dejó fuera a los militares y policías, cuyas pensiones dependen de los presupuestos del Estado chileno.
"Las Fuerzas Armadas en todas las partes del mundo tienen un sistema de pensiones diverso al de la normalidad, y eso lo que hace es corregir las distorsiones que ellas puedan tener" por la naturaleza de sus funciones, justificó el ministro de Defensa, José Antonio Gómez.
"Hay condiciones distintas que no tienen el resto de los funcionarios pero en el ámbito de las pensiones hay que tener cuidado cuando uno dice 'privilegios' (...), en este caso hay funciones distintas", agregó el ministro del gobierno que preside la socialista Michelle Bachelet, hija de un militar asesinado por la dictadura.
La justicia investiga la eventual entrega fraudulenta de pensiones de invalidez, algunas de las cuales alcanzan los 10.000 dólares mensuales, mientras que el gobierno de Bachelet prepara una reforma para mejorar el sistema privado de pensiones, que entrega una media de 300 dólares.
En 27 años de democracia no ha prosperado tampoco ninguno de los tres proyectos de ley presentados para derogar la llamada 'Ley Reservada del Cobre', que establece la entrega a las Fuerzas Armadas del 10% de las ventas de la cuprífera estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre.
La normativa, que data de 1958 pero que fue reformada sucesivamente en la dictadura de Pinochet (1973-1990), ha sido una ingente fuente de recursos para las Fuerzas Armadas chilenas: más de 20.400 millones de dólares aportados desde 1990, según datos de Codelco.
Por esta vía, las Fuerzas Armadas financiaron la modernización de su material bélico hasta ponerse a la vanguardia en la región, generando incluso acusaciones de países vecinos, como Perú y Bolivia, de estar lanzado en una "carrera armamentista" tras la compra de una veintena de cazabombarderos F-16.
Pero el destino de los millones de dólares recibidos es desconocido. La entrega, contabilidad y administración de esos recursos es secreta.
"Los intentos por reformar esta ley han quedado ahí, en virtud de que no ha habido un acuerdo político" para impulsar esta transformación, dice el analista Guillermo Holzmann.