La Haya. AFP. La Fiscalía intentará a partir del martes, en un caso inédito, convencer a la Corte Penal Internacional (CPI) de que abra un proceso contra un jefe tuareg maliense, presuntamente vinculado a al-Qaeda, por organizar la destrucción de mausoleos en Tombuctú en el 2012.
Ahmad al-Faqi al-Mahdi es el primer yihadista encarcelado por el CPI, el primer sospechoso detenido en el marco de la investigación sobre los episodios de violencia del 2012 al 2013 en Mali y el primero acusado de destruir edificios religiosos y monumentos históricos.
Durante la audiencia, que tiene como fin confirmar los cargos antes de un eventual juicio, prevista para martes y miércoles, la Fiscalía defenderá que su investigación contra al-Faqi, de alrededor de 40 años, es bastante sólida para justificar la apertura de un proceso.
Tombuctú , fundada entre los siglos XI y XII por tribus tuaregs e inscrita como patrimonio mundial de la humanidad, fue un gran centro intelectual del islam y una antigua ciudad mercantil próspera. La “ciudad de los 333 santos” conoció su apogeo en el siglo XV.
La destrucción en el 2012 de 14 mausoleos de santos musulmanes a manos del grupo yihadista maliense Ansar Dine en nombre de la lucha contra la “idolatría” provocó una oleada de indignación internacional.
Presunto responsable. De acuerdo con la orden de detención emitida contra al-Faqi, este último es responsable de crímenes de guerra.
Como presunto jefe de la brigada de buenas costumbres, habría dirigido y participado personalmente en los ataques contra nueve mausoleos y una de las mezquitas más importantes de la ciudad, Sidi Yahya, entre el 30 de junio y el 10 de julio del 2012.
“Es un caso muy fuerte”, dijo Stephen Rapp, exdiplomático estadounidense especializado en crímenes de guerra, para quien “la destrucción de objetos religiosos, culturales o históricos, así como patrimonio, es otra manera de destruir una civilización”.
Tombuctú era “un centro de civilización, cuando Europa, en el mismo momento, estaba sumida en una época oscura”, comentó Rapp, quien trabaja ahora para el Instituto de La Haya para la Justicia Mundial.
Las ONG temen, sin embargo, que nunca se haga justicia para las numerosas víctimas de los crímenes perpetrados entre el 2012 y el 2013 en Mali, por lo que instaron a la CPI a ampliar los cargos contra al-Faqi para incluir violaciones y matrimonios forzados, especialmente.
“Nosotros pensamos, por supuesto, que la destrucción de objetos culturales y patrimonio es un crimen de guerra”, señaló Carrie Comer, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en la CPI. No obstante, Comer recordó que “las destrucciones de bienes culturales no es la única cosa de la que se acusa a este hombre”, en referencia a las “alegaciones creíbles” que los tribunales malíes han emitido contra 15 personas, entre ellas al-Faqi.
Según la acusación, este era uno de los jefes de Ansar Dine, un grupo islamista radical vinculado a al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Y, contra todo pronóstico, Níger, vecino de Mali, lo entregó a la CPI en setiembre.
La CPI abrió en el 2013 una investigación sobre las atrocidades que los grupos yihadistas ligados a al-Qaeda habían cometido en Mali, donde tomaron el norte del país entre marzo y abril del 2012 tras la desbandada del Ejército frente a una rebelión tuareg.
Una intervención militar internacional lanzada en enero del 2013, por iniciativa de Francia , logró expulsar a gran parte de los yihadistas, si bien zonas enteras del país escapan todavía al control de las fuerzas malíes y extranjeras.
La Unesco restauró después los 14 mausoleos destruidos en Tombuctú, situada a unos 1.000 kilómetros al noreste de la capital malí, Bamako.
Según Stephen Rapp, el caso de la CPI contra al-Faqi podría servir de ejemplo, especialmente para las jurisdicciones nacionales, cuando el mundo constata con indignación la destrucción de tesoros culturales a manos del grupo yihadista Estado Islámico en Siria e Irak.