Río de Janeiro
El expresidente de la empresa brasileña Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, declaró a las autoridades que la constructora realizó donaciones al oficialista Partido de los Trabajadores (PT) con dinero procedente del esquema de corrupción de Petrobras, informaron este miércoles medios brasileños.
Marques de Azevedo, que está acusado de formar parte de un complejo entramado para pagar sobornos a funcionarios de la petrolera estatal mediante el uso de cuentas bancarias en el extranjero, facilitó además diversos documentos que detallaban las donaciones hechas por Andrade Gutierrez al partido de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
El exdirectivo, que actualmente se encuentra en prisión preventiva, realizó esta declaración el pasado mes de febrero como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia, que aún debe ser aprobado por el Supremo Tribunal Federal (STF), según un artículo publicado este jueves por el diario Folha de Sao Paulo.
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En 2014, la segunda mayor contratista del país donó 20 millones de reales ($5,5 millones) para la campaña presidencial de Rousseff.
De acuerdo con la información proporcionada por Marques, otros 10 millones de reales ($2,75 millones) habrían sido donados al PT entre los años 2010 y 2012.
Según declaró Marques en el marco de las investigaciones, este dinero procedía de desvíos que tenían su origen en contratos firmados por la constructora para la ejecución de obras como el Complejo Petroquímico de Río, la central nuclear Angra 3 o la hidroeléctrica Belo Monte.
Esta investigación, de la que la estatal petrolera es el centro, apunta a que importantes empresas brasileñas obtenían de Petrobras contratos amañados, inflaban sus valores y repartían las diferencias con exdirectores de la compañía y políticos que amparaban esas maniobras.
Por este escándalo se investiga a una veintena de grandes empresas y a medio centenar de políticos, entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
La propia Petrobras ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, los fraudes le causaron perjuicios financieros por valor de $2.000 millones.