Brasilia. EFE, AP y AFP. El futuro de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está desde el lunes en manos de 513 diputados, después de que una comisión parlamentaria decidió que existen razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con miras a su destitución.
La decisión de un panel de 65 diputados se adoptó por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que duró casi 11 horas y reflejó el enconado clima político en que se halla Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso.
La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien reafirmó el contenido de un informe que presentó la semana pasada y en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político.
En su informe, Arantes dijo que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados fiscales del Gobierno en el 2014 y el 2015, alterar presupuestos mediante decretos , y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
En la sesión del lunes se escuchó otra vez al abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe y redujo las acusaciones a meras “faltas” administrativas, que no bastarían para una destitución.
Según Cardozo, el proceso “está viciado” , es “nulo” y viola “el derecho a la debida defensa” por la inclusión en el informe de asuntos vinculados a las corruptelas en la firma estatal Petrobras, ajenas a la acusación.
“Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado” , aseveró.
Los alegatos de Cardozo cayeron en saco roto y la mayoría de los parlamentarios se decantó por remitir el caso al pleno de la Cámara de Diputados, que discutirá el informe de Arantes entre el viernes y el domingo próximos.
Si la Cámara convalida la decisión por una mayoría de dos tercios (342 votos), y luego el Senado la ratifica, Rousseff sería separada de su cargo por 180 días, en espera de que la Cámara Alta dé su fallo definitivo.
Si es destituida, el vicepresidente, Michel Temer, convertido en el máximo adversario de Rousseff, la reemplazaría hasta el fin de su mandato en el 2018.
Ambiente candente. La tensión de la jornada subió con la filtración de un audio en el cual se oye a Temer ensayando un discurso a la nación, como si la partida deRousseff fuese una formalidad.
Temer habla como si ya hubiera asumido la presidencia. “Mucha gente me buscó para que diera, aunque sea, declaraciones preliminares al pueblo brasileño, lo que hago con modestia, precaución y moderación”.
Indica que se necesita un “gobierno de salvación nacional” para sacar al país de su recesión.
El Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, denunció “un golpismo descarado” y el diputado Silvio Costa acusó al vicepresidente de ser “el mayor traidor de la historia de Brasil”.
Rousseff, sumamente impopular, cuenta con la capacidad negociadora y movilizadora de su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), para llegar hasta el fin de su mandato.
El exsindicalista participaba al caer la tarde en un acto "en defensa de la democracia" en Rio de Janeiro, junto al cantante y compositor Chico Buarque, al teólogo Leonardo Boff y otras figuras.
Centenares de simpatizantes recibieron al ex sindicalista en los célebres Arcos de Lapa al grito de “¡Lula, guerrero, del pueblo brasilero!”
“Tenía 18 años cuando se produjo el golpe militar (de 1964) (...) y nunca hubiera imaginado que mi generación vería a golpistas tratando de derrocar a una presidenta democráticamente electa”, declaró, apuntando sus dardos contra Temer y contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
“Lo que nos une es la democracia, el respeto de las opiniones diferentes”, declaró, por su lado, Chico Buarque.
Rousseff nombró a Lula jefe de gabinete, pero su asunción fue bloqueada por un magistrado que la consideró una mera artimaña para protegerlo de la Justicia ordinaria, que investiga su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras.