Buenos Aires. AFP. El Congreso de Argentina aprobó ayer en la madrugada la creación de una nueva agencia de inteligencia, luego de los cuestionamientos al servicio de espionaje tras la misteriosa muerte de un fiscal que había presentado una grave denuncia contra la presidenta Cristina Fernández.
Por 131 votos a favor y 71 en contra, el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“Reformar la estructura de inteligencia era una deuda que tenía la democracia desde que regresó en 1983. Agentes secretos sin control de fondos sembraban pistas falsas en los casos judiciales”, aseveró Diego Morales, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, humanitario).
La reforma, aprobada la semana pasada en el Senado, había sido enviada por Fernández en enero al Congreso –controlado por el oficialismo– tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado el 18 de enero en su departamento de Buenos Aires con un balazo en la cabeza .
El punto que generó más controversias en el debate establece que la Dirección de Observaciones Judiciales, la dependencia encargada de hacer las escuchas telefónicas, estará a cargo de la Procuración General de la Nación, hoy bajo responsabilidad de Alejandra Gils Carbó, a quien la oposición acusa de estar al servicio del Gobierno.
La diputada oficialista Diana Conti dijo que con esta ley las escuchas telefónicas quedarán subordinadas “totalmente al poder político y al Poder Judicial”, y se le retira a la SI “la tarea fundamental para que el contubernio entre los agentes y el Poder Judicial deje de existir”.
Esta reforma era “una asignatura pendiente de estos 30 años de democracia”, consideró el diputado Jorge Rivas, un socialista aliado del oficialismo, quien se comunica por computadora desde que quedó sin habla y cuadripléjico tras un asalto violento.
Diego Morales manifestó que “la SI era un organismo oscuro con autonomía del poder político y judicial”.
Aunque la reforma de los servicios de inteligencia argentinos, conocidos por extorsionar con una red de escuchas telefónicas a jueces, fiscales y hombres de poder, era reclamada por la mayoría de la oposición, la iniciativa de la presidenta cuando le restan 10 meses de mandato, fue rechazada por sus detractores por considerar que estaba desviando el eje del debate tras la muerte de Nisman.
“Nos llama la atención que después de 10 años de gobierno se desayunen con que (los servicios de inteligencia) desarrollan actividades ilegítimas e influencias en la Justicia. Esto es una cortina de humo que no va a resolver nada”, advirtió el diputado Manuel Garrido, de la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata).
Federico Pinedo, del bloque Unión PRO (derecha) advirtió de que “la ley contiene cláusulas alarmantes pues permite destruir archivos”.
Desde el Frente de Izquierda (troskista), Nicolás del Caño expresó que la ley “deja en pie el andamiaje del nefasto sistema de inteligencia y crea la AFI sobre la base de la casi totalidad del siniestro personal de la antigua SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)".
La nueva central de espías estará bajo la órbita del secretario de Inteligencia, Óscar Parrilli, de estrecha confianza de la presidenta, que tendrá la opción de jubilar a los agentes que están en servicio desde la última dictadura militar (1976-1983).